“La Fundación Ciudadanos presentó un informe crítico sobre la situación de la policía de Córdoba y las políticas del gobierno provincial para hacer frente a la creciente inseguridad” publicó Perfil Córdoba el pasado 21 de agosto. El texto, presentado por la fundación, cuyo director ejecutivo es el ex legislador del radicalismo, Marcelo Cossar, toma una serie de datos aislados, respecto de la relación entre el gasto en seguridad y el gasto total en la administración pública, y entre el número de policías y el número de delitos.

A partir de esa endeble base, el informe pretende formular una política de seguridad superadora y crítica respecto a la implementada por el gobierno de Martin LLaryora. En lo esencial, se señala que desde el 2019 el número de policías armados por habitante fue en descenso, mientras que, al mismo tiempo, la cantidad de delitos fue en ascenso.

Pero, ¿se puede analizar estas dos variables aisladas de la situación económica y política, de la situación social, del aumento de la pobreza y la indigencia, de la desocupación, del ajuste que facilita el avance del narcotráfico, y de las características y el accionar de la propia policía en las redes de trata, narco y pedofilia? La respuesta, para cualquier estudioso o científico social serio sería: no.

El radicalismo y Cossar a través de la Fundación Ciudadanos, hace lo contrario. Saca una conclusión de estas relaciones entre gasto en seguridad y número de policías y delitos. Afirman que hay un faltante de 10.000 policías para poder combatir la inseguridad en Córdoba pero (y esto no lo dicen) la inseguridad es una cuestión social, económica, política, no es exacta, es contradictoria y multicausal.

El radicalismo no aborda nada de esto, porque quiere sacar una conclusión preestablecida. Es la misma de todo el arco político que nos viene gobernando y que utiliza el problema de la inseguridad -que el propio régimen engendra- para reforzar su aparato represivo, para perseguir políticamente y disciplinar.

Quieren aumentar en 10.000 los efectivos de la policía de la provincia de Córdoba pero no dicen una palabra de que es una policía recorrida por cuestionamientos de todo tipo por innumerables casos de gatillo fácil, de narcotráfico, muertes por violencia de género y regenteo de todo tipo de delitos. 

¿Qué depuración plantean Cossar y los suyos de los cuerpos policiales para terminar con estos delitos o es que plantean convivir con estas estructuras? Y si es así ¿cómo harán para evitar que los 10 mil nuevos policías que proponen incorporar no sean nuevos elementos para delinquir?

Sobran ejemplos de que la teoría que plantea incrementar el número de integrantes de las fuerzas represivas para resolver la inseguridad no soluciona nada y por el contrario profundiza el problema. Basta pensar en la maldita bonaerense que se ha ganado ese nombre por su nefasto accionar y sin embargo sigue incrementando sus filas. Y no es un problema solo local. México ha incorporado al ejército en la lucha contra el narco y ha terminado resultando en la existencia de generales narcos.  

Nada de esto se plantea, ni sobre cómo combatir al gran delito ¿Cuál es el plan para desmantelar las redes de trata, narco y corrupción? No se responden estos interrogantes. Mientras tanto los correligionarios de Cossar, han votado con las dos manos la ley de blanqueo del gobierno Milei, que permitirá ingresar al circuito económico el dinero proveniente del narcotráfico y del crimen organizado.

La”oposición”, de la que forma parte la UCR y Cossar, abrazó demagógicamente en su momento la lucha por el caso de Blas Correa, pero no participó de ninguna de las innumerables acciones de lucha de los familiares de víctimas de gatillo fácil en la última década. Sus legisladores, y Cossar particularmente, atacan al gobierno provincial en su política de seguridad, posando incluso de progresista por razones electorales, pero están a favor del protocolo de Bullrich, de la Ley de Bases que ataca derechos laborales y entrega los recursos del país, y de la prohibición del derecho de huelga a la docencia mediante la falsa esencialidad educativa.

El carácter represivo de la UCR está presente también en los gobiernos provinciales como el de Alfredo Cornejo (Mendoza) que persigue a las organizaciones obreras -y en particular al Polo Obrero- que son un freno al avance del narcotráfico en los barrios, o en el de Carlos Sadir (Jujuy) que mantiene las políticas de su antecesor Gerardo Morales y acaba de hacer un acto negacionista con la vicepresidenta Villarruel, o en el de Gustavo Valdés (Corrientes) implicado en la trama de desaparición de Loan, o en el de Leandro Zdero (Chaco) que viene de reprimir a los desocupados luego de cerrar más de 800 merenderos. En esto el radicalismo no tiene nada que envidiarle a Llaryora que también persigue a luchadores populares.

El intento de crítica a Llaryora de Cossar y la UCR es endeble. No va a fondo y no podría hacerlo porque en el fondo los gobernadores coinciden en defender y ampliar las políticas que han llevado a la inseguridad y al reforzamiento del aparato represivo que es parte de ella. Son los garantes y responsables del crimen organizado, del narco y de la trata, donde las fuerzas policiales son partícipes necesarios y autores. Son cómplices de Milei en toda la política de depresión económica, de ajuste en los puestos de trabajo del Estado, de la falta de alimentos en los comedores que facilitan la captación de soldaditos para el narco. Es decir, son cómplices de las políticas que generan inseguridad en un sentido amplio.

Lo del radicalismo es una impostura. No luchan por la seguridad y las libertades democráticas. No faltan más policías, lo que falta es desmantelar el aparato represivo que cobija la inseguridad y el gran delito.

Necesitamos construir una nueva política de seguridad que respete y desarrolle las libertades democráticas, la libertad de protesta, de reunión y expresión, que priorice la resolución colectiva de los problemas de inseguridad en los distintos ámbitos desde el punto de vista de los trabajadores y no de quienes vienen hundiendo nuestras condiciones de vida.

Preparemos la huelga general para derrotar el plan económico y las falsas políticas de seguridad de Milei y los gobiernos provinciales que solo apuntan a criminalizar a los trabajadores y a la juventud.

¿Nace una oposición parlamentaria a Milei?

El tema estratégico del momento es armar la oposición al gobierno mediante la lucha de clases y con un programa propio. –

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