En la mañana del sábado se dio a conocer que se le concedió prisión domiciliaria al genocida José Antonio Maidana, quien estaba preso en la cárcel de Bouwer esperando por la realización del juicio. El argumento para otorgarle el beneficio se basa esencialmente en que él represor es población de riesgo, además de tener litiasis renal.

El genocida presentó el pedido prisión domiciliaria ante Tribunal de Bahía blanca, en donde radica la causa. La Justicia le concedió el pedido, con lo cual el represor, acusado de crímenes de lesa humanidad, se retiró del penal a un departamento en la calle independencia del Barrio de nueva Córdoba, sin tobillera ni GPS para monitorear sus movimientos.

Al momento de emitir el fallo, los jueces estaban al tanto de un informe médico en el que daba cuenta del estado de salud del represor: “lúcido, sin foco motor, en buen estado general, hemodinámicamente estable”. No obstante, en un fallo dividido le dieron el beneficio de prisión domiciliaria. El juez Pablo Ramiro Díaz Lacava señaló en el fallo que “las condiciones generales del alojamiento no permiten cumplir con los recaudos extremos que una persona de riesgo necesita”, según La voz del Interior.

Sin embargo, el gobierno de la provincia de Córdoba sancionó un decreto, el N° 384, en que se plantea todo un plan de acción frente a la pandemia. En virtud de esa medida y en considerar que no hay un agravamiento arbitrario de las condiciones de detención, es que la justicia le negó un habeas corpus de 254 privadxs de libertad en Bouwer. Para la justicia no hay superpoblación carcelaria en Córdoba, sino que los penales se encuentran al límite.

A la luz de los hechos cabe concluir que los argumentos de la justicia se van acomodando en función de los privilegios e intereses políticos. De acuerdo a la citada nota de La Voz del Interior: “Maidana fue ordenada en 2013 pero fue arrestado recién en 2016 en su casa de la localidad de General Viamonte, a 307 kilómetros al sudeste de Córdoba capital”. Como puede verse, el proceso de juicio de un genocida lleva años, y los represores se valen de la dilación en dictar condena y ahora de la pandemia para que se les concedan más privilegios.

Maidana es exjefe de una de las compañías del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca y tuvo a su cargo el grupo "antiguerrilla". También estuvo a cargo de la compañía de Infantería Combate Mayor Keller, donde participó, en el marco de una asociación ilícita, de los secuestros y torturas de más de 60 víctimas.

Esta liberación es la expresión clara de una justicia de clase y misógina. Porque mientras se mantiene privada de su libertad a nuestra compañera Flavia Saganias, madre, y activista del movimiento de mujeres se conceden domiciliarias a genocidas. Un contrapunto clarificador, puesto que Flavia está injustamente encarcelada por denunciar públicamente al violador de una de su hija

Esta prisión domiciliaria se suma a un intento generalizado de los genocidas de aprovechar la realidad del hacinamiento en las cárceles en el marco de la pandemia para obtener más privilegios. Los genocidas cuentan con pabellones especiales y prerrogativas dentro de la cárcel. Además, si se trata de resguardar su salud, en el penal se puede controlar la circulación de personas

Para el Estado, la prisión domiciliaria para los genocidas también es una forma de congraciarse con las fuerzas de represión que están aplicando una fuerte regimentación y represión a la protesta social en el marco de la cuarentena.

Es claro que el fallo será usado como un antecedente para que más represores se busquen el mismo beneficio. Es necesario redoblar esfuerzos para que no tengan privilegios, y arrancar las sentencias dilatadas durante años. No a la domiciliaria para los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.