El próximo lunes 24 de julio finalmente comenzará el juicio por el crimen de Joaquín Paredes. En principio, el proceso judicial iba a comenzar el pasado 30 de mayo, pero fue pospuesto. Los imputados son los policías Enzo Ricardo Alvarado, Ronald Fernández Aliendro, Jorge Luis Gómez, Maikel Mercedes López, Iván Alexis Luna y Daniel Alberto Sosa Gallardo. Mercedes López es el único acusado como autor material del crimen.

Luna está acusado como coautor de lesiones graves por el uso de arma de fuego y coautor de disparo de arma de fuego. Alvarado deberá responder por omisión de los deberes de funcionario público y disparo de arma de fuego, Gómez por coautor de disparo de arma de fuego. Fernández Aliendro, por su parte, enfrentará los cargos de omisión de los deberes de funcionario público y disparo de arma de fuego. Además, todos serán juzgados por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego reiterado y como coautores del delito de abuso de arma agravado por la calidad del sujeto activo en concurso real. Por último, el subcomisario Daniel Alberto Sosa Gallardo está acusado como coautor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

Joaquín Paredes, “Cabu” para sus amigxs y familiares, fue asesinado el 25 de octubre de 2020 en la localidad cordobesa de Paso Viejo, departamento de Cruz del Eje. En el mismo episodio fueron heridos sus amigos Jorge Navarro de 15 años y Braian Villagra de 18 años. Tras disparar en reiteradas ocasiones, entre 100 y 120 veces según arrojaron las posteriores investigaciones, los policías implicados abandonaron el lugar, dejando a Joaquín agonizando. Diferentes testigxs afirmaron que los efectivos arribaron al lugar, acorralaron al grupo de amigos y comenzaron a disparar sin motivo, incluso aseguraron que se encontraban en estado de ebriedad. El adolescente de 15 años fue la séptima víctima de gatillo fácil durante la pandemia, y no la última.

A partir del crimen, familiares, amigxs y vecinxs de Joaquín comenzaron una incansable lucha en busca de justicia. En el camino, fueron hostigadxs y amenazadxs por la policía y sus allegados. El aparato policial, como lo había hecho meses antes tras el crimen de Blas Correas, en un primer momento deslizó la hipótesis de un enfrentamiento e intentó borrar pruebas. Manifestaron que el grupo de amigos los atacó con piedras y golpes de puño. Alfonso Mosquera, el entonces ministro de Seguridad, a días del crimen dijo no tener “una opinión formada” sobre el tema y solo atinó a poner a disposición su renuncia, como ya lo había hecho también luego del asesinato de Blas.

A un año del homicidio, lxs familiares y amigxs de Joaquín, aún sin respuestas por parte de la Justicia, convocaron a una movilización y festival. Meses antes, habían sido liberados Luna, Fernández Aliendro y Jorge Luis Gómez. Dos años después, la lucha continuaba y aún no había fecha definida para el juicio. Los policías antes mencionados continuaban libres. Cabe destacar que, a días de comenzar el juicio, el único policía detenido es Maikel Mercedes López.

La familia de Joaquín comprendió que el único camino para lograr justicia por su muerte era la lucha en las calles. Desde el primer día levantaron las consignas “no fue abuso de autoridad, fueron todos”. En ese sentido, es de vital importancia el planteo por el desmantelamiento inmediato de las fuerzas de (in)seguridad, así como también la elección popular y revocabilidad de jueces y fiscales, para terminar con la Justicia cómplice y adicta al poder. Justicia por Joaquín Paredes y por todxs lxs pibes muertxs por balas de la policía. Que sean juzgados los responsables materiales y políticos. Gatillo fácil nunca más.

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