Después de casi 4 años concluyó en los Tribunales Federales de Córdoba el juicio a 44 imputados por delitos de lesa humanidad contra más de 700 víctimas durante los años 1975 al '79 en los campos de concentración de La Perla, Malagueño (o Perla Chica), Campo La Ribera  y D2 (ubicado en el Cabildo, en pleno centro de capital provincial).

Entre los imputados están Luciano Benjamín Menéndez y Ernesto Barreiro. Menéndez ya acumula varias condenas a prisión perpetua  por su responsabilidad de todo el genocidio en el área del Tercer Cuerpo de Ejército. Barreiro, que era el responsable de las torturas en La Perla, “saltó a la fama” como cabecilla del levantamiento liderado por Aldo Rico en la Semana Santa de 1987, huyó y luego fue extraditado desde Estados Unidos, en 2006. Este es su primer proceso judicial.

La ´megacausa´ La Perla sostuvo las características de todos los juicios impulsados por el kirchnerismo. Si consideramos que por esos centros pasaron más de 5.000 detenidos-desaparecidos, en su inmensa mayoría activistas obreros y estudiantiles, la reducción a 700 casos y 44 imputados representa  un despropósito. El enseñamiento contra los protagonistas del Cordobazo comenzó mucho antes del golpe del 76. Empezó con el golpe que derrocó al gobierno de Obregón Cano y Atilio López a fines de febrero del 74, golpe impulsado por el mismo Perón, que consideraba  que Córdoba estaba “infectada” y había que aplicarle el “somatén”.  El Comando Libertadores de América comenzó  actuar en Córdoba luego del Navarrazo y fue el antecedente de la Triple A. También quedó afuera del juicio la pata política del golpe. Recordemos que la UCR le proveyó de 100 intendentes a la dictadura; tampoco figuró la Iglesia, que con Primatesta a la cabeza bendijo el genocidio. Mucho menos aparecieron los capitalistas que querían sacarse de encima al activismo fabril.  

La sentencia de culpabilidad y la prisión perpetua para, al menos, varios de los imputados es muy probable, teniendo en cuenta los antecedentes del tribunal. Sin embargo, Menéndez ya goza de prisión domiciliaria, lo que es prácticamente sinónimo de libertad para un hombre de  89 años con dificultades para movilizarse. El resto espera beneficiarse con la decisión del gobierno de Macri de no apelar los pedidos de prisión domiciliaria.

Barreiro, en su declaración final, tomó nota de los “nuevos aires” que corren, se congratuló y se declaró emocionado porque en el desfile del Bicentenario fueron “aclamados los gloriosos combatientes de Malvinas, los del Operativo Independencia y los de La Tablada”. Barreiro pronosticó que “nos verán desfilar orgullosos junto al pueblo”. Subido al entusiasmo por las definiciones del gobierno  en materia de “reconciliación” y por haber visto a Rico, su jefe, a la cabeza del desfile de los combatientes de Malvinas no se privó de amenazar a los jueces y fiscales, a quienes recordó que “en Nüremberg, hubo 12 juicios, uno de ellos contra jueces y fiscales”. Desde que se reabrieron los juicios por los crímenes de la dictadura, en 2006, la justicia colaboracionista quedó fuera de las acusaciones. 

El próximo 25 seremos miles en las puertas del Juzgado Federal de Córdoba. No se trata de ir a celebrar una sentencia sino a poner de manifiesto que el reclamo de cárcel perpetua y común para todos los implicados sigue vigente; que deben ser llevados a  juicio y castigados los que impulsaron, se beneficiaron y sostuvieron el genocidio: la clase capitalista; que debe ser desmantelado el aparato represivo, que se debe investigar y llevar a la cárcel a los cómplices civiles (políticos, religiosos y jueces y fiscales) de la dictadura y de la represión en “democracia”.