Córdoba: el 9 de noviembre marcharán contra la criminalización de la protesta

Se anunció en una conferencia de prensa, en la que también se rechazó la posible elevación a juicio de una causa contra luchadores del movimiento piquetero.

Conferencia.

Este 9 de noviembre se realizará en Córdoba una marcha como parte de una jornada nacional de lucha en rechazo a la criminalización de la protesta. Así lo señalaron en una conferencia de prensa de la que participaron organizaciones piqueteras, políticas y sindicales en Tribunales II, pasadas las 10 de horas de este martes. En la ocasión, también se rechazó la elevación a juicio de la causa contra luchadores del movimiento piquetero.

En efecto, la semana pasada tomó estado público el pedido del fiscal Aragón de enjuiciar a 6 personas procesadas por movilizarse contra el hambre y la pobreza el pasado 5 de abril. Entre los imputadxs se encuentran Soledad Díaz y Emanuel Berardo, dirigentes del Partido Obrero, el dirigente de CTA Federico Giuliani, Agustín Nazar del MST, Roxana Carezano de MTR-Cuba y Marisa Cariddi de Libres del Sur.

En la conferencia, Emanuel Berardo intervino marcando que la causa en la que está imputado tiene que ver con una política de criminalización de la protesta social y reforzamiento de la represión. En esto coinciden todos los gobiernos, quieren imponer un ajuste mayor contra el pueblo trabajador. Además, llamó a participar masivamente de la movilización del próximo 9 en Córdoba.

A su turno, Soledad Díaz remarcó la importancia de arrancar la absolución de los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz, que tienen una sentencia en su contra por participar de una masiva movilización en rechazo a la reforma previsional que el macrismo impuso en 2017. En cuanto a la causa en la que está imputada, señaló que “la Justicia no actúa de forma independiente, sino que lo hace por orden y cuenta del gobierno”.

De la conferencia de prensa participó el dirigente nacional del Polo Obrero, Eduardo “Chiquito” Belliboni, que visitó Córdoba en apoyo al pedido de absolución y cierre de una causa que criminaliza a quienes luchan contra el hambre y la miseria. En su intervención, planteó que “si no se puede protestar por la comida no rigen las libertades democráticas en la Argentina (…) no hay libertad si no hay para comer”.

En relación a la causa contra los luchadores piqueteros cordobeses, Belliboni señaló que “tiene que ver más con el futuro que con el pasado, tiene que ver con lo que va a pasar en este país, no es que están preocupados por el tránsito en Córdoba. Están preocupados porque quieren sacar del medio a Berardo, a los que cortamos la 9 de Julio, porque lo que viene es mucho peor, gane quien gane”.

Los sindicatos combativos como el Sutna, Uepc Capital y Petroquímicos de Río Tercero también hicieron llegar su rechazo a la elevación a juicio de 6 luchadores. Por el gremio del neumático tomó la palabra Gabriel Ponce, quien llamó a rechazar un fallo reaccionario. Cintia Frencia tomó palabra en nombre del flamante sindicato recuperado docente y afirmó que en una asamblea general de delegadxs de capital, con más de 600 activistas, “dijimos que no aceptamos este intento de acallar a lxs trabajadores y hemos resuelto una campaña que empieza con el apoyo a la marcha del próximo 9”.

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Los trabajadores petroquímicos de Río Tercero se expresaron mediante un comunicado en el que sostienen que “hoy con la criminalización de la protesta nos intentan silenciar y atacar el derecho a huelga. El ataque directo del fiscal Aragón contra los luchadores populares, sindicales y políticos, requiere nuestro reagrupamiento, por eso los químicos y petroquímicos tenemos que estar a la altura de las circunstancias en contra del amedrentamiento y la persecución de Schiaretti y sus socios”.

También hicieron uso de la palabra representantes del MTR-Cuba y del Nuevo MAS. La conferencia de prensa fue la antesala de lo que será una gran movilización, que en Córdoba partirá a las 18 horas desde Colón y Cañada hacia la zona del Patio Olmos, donde se realizará un acto en el que se leerá un documento consensuado por organizaciones piqueteras, sindicales, defensores ambientales, familiares de víctimas de gatillo fácil y partidos políticos.

Abajo la criminalización de la protesta social, cierre de todas las causas contra luchadores populares, y ambientales. Luchar no es delito.

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