El Partido Obrero presentó en la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Córdoba un rechazo a los proyectos de ataque al derecho de protesta y libertades democráticas. Cabe recordar que en el Unicameral se viene discutiendo iniciativas legislativas que resultan discriminatorias y violatorias de garantías constitucionales, como el derecho a la protesta.

En efecto, el PJ, a través del legislador Juan Manuel Cid, y la UCR a través de Dante Rossi y Verónica Garade Panetta debaten imponer un proyecto dictatorial para criminalizar la protesta social. Apuntan a configurar un verdadero accionar dictatorial del Estado.

Por eso, con la firma de lxs dirigentes del Partido Obrero, Soledad Díaz, Emanuel Berardo y Jorge Navarro realizó, una primera denuncia que será acompañada con una convocatoria a organizar una movilización popular. Los derechos y garantías constitucionales se ganan y defienden en la calle.

El PJ y la UCR “se han ensañado las manifestaciones, que son la expresión del Derecho de Protesta. Para ello pretenden proceder a toda clase de violaciones de los Derechos Humanos”, sostiene el documento presentado. “Los legisladores que impulsan la legislación dictatorial, pretenden olvidar que se trata de principios y garantías que han sido reconocidos en la Constitución Nacional y en innumerables Pactos y Tratados Internacionales, y que por lo tanto conforman materia en la cual no pueden intervenir legislativamente”, argumentaron.

“La postura fascistizante de los impulsores de esa legislación se destaca en el atraso y el embrutecimiento que se explaya en los textos de los proyectos presentados. Uno de los proyectos (Juntos por el Cambio) expresa que tiene como objeto ‘garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades’”, cuando cínicamente lo único que pretende es el desconocimiento de esos derechos. Ese mismo proyecto llega al exabrupto de prohibir todas las protestas menos algunas excepciones, haciendo gala de una discriminación y estigmatización social fenomenal. El otro, el del oficialismo, directamente va a lo concreto y pretende establecer las bases para rápida represión por parte de las fuerzas represivas.

“El derecho de protesta se relaciona con los derechos de libertad de expresión, de reunión y de libre asociación, y juega un papel esencial en la defensa de las libertades democráticas y los derechos humanos. Asimismo, se liga a los derechos de acción y libertad sindical y de huelga, que son bases principales en el mundo del trabajo, y que su conquista se debe a grandes luchas del movimiento obrero argentino e internacional. Todo ese bloque de derechos se encuentra expresamente reconocidos en la Constitución Nacional, arts. 14, 14 bis, 16 y 18”, analizó la presentación del PO.

El texto también cita lo establecido por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado, en el informe “Protesta y Derechos Humanos” (2019), que sostiene: “Las protestas han constituido una vía por la cual se logró tanto la elevación del piso de garantía de derechos fundamentales a nivel nacional, como la incorporación de una amplia cantidad de derechos en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos”. Estos fundamentos jurídicos los legisladores del PJ y la UCR plantean sobrepasar.

“El principio de no discriminación también se encuentra íntimamente ligado al derecho de protesta y de manifestarse. El Estado no pueden limitar la protesta social, teniendo como fundamento la intolerancia y los prejuicios que los gobiernos o las clases sociales acomodadas tengan frente a una persona o grupo de personas. Mucho menos el Estado puede restringir o cercenar el Derecho de Protesta por el tipo de reclamo, contenido o demanda que los participantes de las manifestaciones intenten defender”.

La presentación afirma que “diariamente vemos a funcionarios impulsar discursos de odio y referirse a las organizaciones sindicales como ‘mafias’, o a las organizaciones sociales como ‘planeros’, o atacar las movilizaciones de las mujeres por sus derechos. De esa forma buscan eludir su completa responsabilidad en la situación de crisis creada, y endilgarle esa responsabilidad a las y los trabajadores que se movilizan; promoviendo el enfrentamiento social entre sectores más o menos oprimidos; un típico recurso de la dictadura militar o del fascismo”.

“Como surge claramente de la situación denunciada en el presente, el Estado de la provincia de Córdoba, y los partidos de gobierno (peronismo) y oposición (Juntos por el Cambio) se han ensañado con las manifestaciones, que son la expresión del derecho de protesta. Para ello pretenden proceder a toda clase de violaciones de los derechos humanos”, sostiene el PO.

Además, el Partido Obrero realizará la denuncia ante organizaciones de derechos humanos en el ámbito provincial y nacional; como así también ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura local, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, el Inadi y la Secretaría de DDHH de la Nación.

Llamamos a la población trabajadora, a las organizaciones sindicales, de mujer y diversidades, ambientales, piqueteras a agrupar esfuerzos para derrotar la orientacuion represiva que la UCR y el PJ pretenden imponer en función de que continúen descargando la crisis sobre el pueblo trabajador. Luchar no es delito.