Anahí Hampartzounian, jueza de Control y Faltas Número 4, ratificó el pedido de elevación a juicio impulsado por el fiscal Ernesto de Aragón, por el que 6 luchadores del movimiento piquetero y sindical serán enjuiciados acusados de “impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos” (art. 194 del Código Penal). La medida constituye un punto de continuidad en la orientación represiva contra las luchas obreras y populares, orquestada por los gobiernos de Schiaretti y Llaryora, utilizando a la Justicia adicta al poder político.

Cabe recordar que lxs imputadxs son: Emanuel Berardo y Soledad Díaz, dirigentes del Polo Obrero y del Partido Obrero respectivamente; también están implicadxs el dirigente de ATE y CTA Federico Giuliani, Agustín Nazar del MST, Roxana Carezano de MTR-CuBa y Marisa Cariddi de Libres del Sur. Fueron acusadxs por Ernesto de Aragón (a cargo de la fiscalía de instrucción del Distrito IV), quien les atribuyó el delito de “desobediencia a la autoridad” y “obstrucción de los medios de transporte público”, cuando el mismo funcionó con normalidad.

Se trata de una causa armada a raíz de la protesta convocada por la Unidad Piquetera el 5 de abril de 2023, cuando en Córdoba tuvo lugar una jornada nacional de lucha contra el ajuste, que fue impulsada por organizaciones piqueteras y apoyada por sindicatos combativos. Detrás de las imputaciones siempre estuvo el gobierno provincial, que persigue luchadores populares con su justicia adicta.

Todo el armado de la causa tiene como ejes los testimonios realizados por la Policía. Hay que decir que en esa movilización hubo agentes que se hicieron pasar por trabajadores de prensa. El fiscal y las fuerzas de (in)seguridad actuaron siguiendo premisas dispuestas en un fallo persecutorio ordenado por el Juez Fernández López, quien emitió una resolución fascistoide en la que dice que la movilización es una “tiranía”, días antes de la jornada de lucha.

Con esos antecedentes, el fiscal imputó a lxs compañerxs. Sin embargo, la jueza Hampartzounian dispuso “el sobreseimiento parcial” en cuanto “desobediencia a la autoridad”. Es decir que el dictamen de la jueza no pudo sostener la acusación de desobediencia, lo que desnuda el carácter amañado de la causa con la que se imputó a luchadores que ejercían el constitucional derecho a la protesta.

Al sobreseer la acusación de “desobediencia a la autoridad”, todo el resto del armado judicial persecutorio debe caer. No obstante, con la elevación a juicio, el poder judicial ratificó el accionar del fiscal. Lo que da cuenta de que van a fondo en perseguir a lxs luchadores en momentos en que el movimiento piquetero y los sindicatos combativos van a acciones comunes de lucha contra el ajuste de los que gobiernan y de que apuntan a suprimir la protesta social en la provincia. En Córdoba no hay “justicia independiente”.

Llamamos al pueblo trabajador, a las organizaciones sindicales, de DD.HH. y políticas a rechazar este avance en la criminalización de la protesta. Para esto es necesario continuar la lucha contra el ajuste y la represión de Javier Milei y de Martín Llaryora. Esta causa armada es un tiro por elevación al conjunto del movimiento de lucha y debe ser derrotada.

Así las cosas, la elevación a juicio de esta causa contra el movimiento obrero y popular es un motivo más para reforzar una gran movilización independiente el próximo 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe cívico militar eclesiástico de 1976. Salgamos a las calles contra la represión y la impunidad de hoy y de ayer, en defensa del derecho a luchar, que es elemental para derrotar el ajuste de los que gobiernan al servicio de los mismos intereses sociales capitalistas que se favorecieron con la dictadura.