A días de que se realice una nueva jornada nacional contra el gatillo fácil, el próximo 26, en Córdoba se prepara una instancia de lucha, que tendrá a les familiares de las víctimas de la represión estatal en la primera línea exigiendo justicia y denunciando la impunidad política y judicial. La Coordinadora de Familiares contra el Gatillo Fácil convocó a organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales a copar las calles el próximo viernes desde las 17 horas en Colón y General Paz.

Desde Prensa Obrera, hablamos con lxs valientes familiares, a quienes las fuerzas represivas les quitaron a hijxs, sobrinxs, hermanxs. El dolor de la pérdida y la búsqueda de justicia lxs lleva a encabezar la lucha.

“Llevamos 10 meses sin Joaquín. Aquí estamos viviendo con este dolor, pidiendo justicia; en la causa solo Maikel López está imputado por homicidio, mientras que Alvarado, Luna, Fernández y Gómez están imputados por abuso de autoridad”, manifestó Soledad, la madre de Joaquín Paredes, quien fue víctima de una balacera policial en la que se dispararon más de 112 tiros y se destruyeron pruebas.

Asimismo, nos indicó que “pedimos a la fiscal Fabiana Pochettino que cambie la carátula. Hay 3 homicidas en libertad, andan en la calle como si nada, sé que la vida de mi hijo no me la van a devolver, los 5 policías tienen que pagar lo que hicieron, solo pido justicia”. Con respecto la séptima marcha dijo que “este viernes nos movilizamos contra el gatillo fácil; el Estado y los gobiernos son responsables, ni un pibe menos, ni una bala más. Basta de impunidad”.

En el mismo sentido, Gimena, tía de Agustín Barrios, quien fue víctima de una persecución policial declaró a Prensa Obrera que éste “fue perseguido por el policía Juan Cano en Colonia Caroya, el 19 de junio de 2020. Agus iba con su amigo Lautaro Guzmán y ambos perdieron la vida. Al día de la fecha no hay imputados, no hay autopsia, no hay filmaciones de las cámaras; lo único que nos dicen es que está todo bajo secreto de sumario, no tenemos respuestas a todas nuestras preguntas. Queremos justicia por nuestro Agus, que paguen los responsables”.

Michelle y Sergio, familia de Lucas Funes, denuncian que éste fue asesinado el 14 de diciembre de 2012, en el marco de una persecución en que intervinieron más de 30 policías, que lo hostigaron y agredieron en Río Tercero, Córdoba. “Hay -explican- un policía imputado, Luciano Carnero, con carátula de homicidio simple”. En total, añaden, hubo más de 24 impactos de bala de goma y “el último disparo fatal fue por detrás en su rostro, quedando sin vida en un descampado”. Luego de casi 9 años de lucha, a la espera del juicio, estos familiares expresan que “queremos justicia por Lucas, y por todos lxs pibxs que han sido víctimas de las fuerzas policial”.

Laura Cortes es madre de Franco Amaya, quien fue asesinado el 22 de febrero del 2017 en un control policial en Carlos Paz. “El asesino es Maximiliano Abelardo Bustos y el cómplice José Villagra, ambos policías. Fueron a juicio al año del asesinato, en mayo del 2018, donde fue condenado solamente el que disparó, a 12 años de prisión; mientras que a Villagra le dieron la libertad, salió absuelto. Ahora presentamos una nueva apelación así se lo juzga”, dice Laura, quien además denuncia que “los cargos más altos del Estado no hacen nada con los policías asesinos, los jueces y fiscales son los que los sueltan a los responsables del gatillo fácil, también se desaparece la evidencia, y sabemos que archivan algunos casos”. La compañera habla con conocimiento de causas.

Por su parte, Gabriela, esposa de José Ávila, declaró a este medio: “José fue asesinado por 2 policías el 4 de julio de 2020, sus asesinos son Sebastián Juárez y Lucas Navarro, el gobierno hasta el día de hoy nunca nos dio una respuesta, los policías lo asesinaron y huyeron como cobardes dejando a mi marido herido hasta que falleció”.

Claudio, padre de Yamil Malizzia comentó que la causa por el crimen de su hijo “está totalmente estancada, no hay ningún avance, nunca se investigó”. Recién ahora ha logrado tener acceso al expediente de la causa, pese a que le correspondía desde un primer momento. También relató que “descubrió que el asesino de su hijo es el jefe de móviles de la patrulla Río Tercero que fue ascendido”, y denunció: “el asesino de Lucas Funes, Luciano Carnero [caso que reseñábamos antes], fue el encargado de investigar al policía asesino de Yamil: Juan Azcona. Entonces estamos hablando de una impunidad absoluta; pero no solo de impunidad, sino de complicidad por parte del Poder Judicial que no puede desconocer esto”, finalizó.

Por su parte, Sandra, hermana de Miguel Ángel Torres, cerró esta serie testimonios comentando: “mi hermano fue asesinado el 18 de junio de 2014 por la policía de Córdoba, desde entonces formo parte de la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil, salimos a pedir justicia por todxs lxs pibes asesinados por las fuerzas represivas”. E invita a la séptima marcha nacional contra el gatillo fácil para “acompañarnos en nuestro reclamo de justicia”.

Como lo reflejan los testimonios, la lucha por justicia continúa por el camino de la movilización y la organización independiente de los gobiernos de turno; a la represión estatal y el gatillo fácil lo enfrentamos en las calles, codo a codo, junto a familiares, amigues y las organizaciones de lucha en un frente único hasta hacer efectiva la consiga: “gatillo fácil nunca más”.