La pandemia impidió que este 24 de marzo se desarrollara la tradicional movilización,  en Córdoba como en todo el país. Previo a ello, todo un bloque de organismos de derechos humanos y de organizaciones políticas y sociales que rechazan la cooptación estatal, referenciados con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, estaba preparando una marcha que tenía previsto convocar miles de personas en la provincia.

Este bloque independiente denuncia la política de “dar vuelta la página” para reconciliar a la sociedad con las FFAA, sostenida por el gobierno nacional. También lo une lucha contra el ajuste del FMI y contra el pago de la deuda usuraria. En los últimos debates se había incorporado a su vez un planteo frente a la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, en oposición a las patronales y los gobiernos que obligan a seguir trabajando sin las condiciones de higiene en medio de la pandemia, y contra el abandono de quienes no tienen las condiciones materiales para afrontar la cuarentena.

Finalmente, esta confiscación de los ingresos populares sirve a los mismos intereses sociales que impulsaron y apoyaron el golpe del ‘76. Por eso, en el 44 aniversario del golpe genocida, el reclamo contra la impunidad por los crímenes contra el pueblo de ayer y de hoy está más vigente que nunca.

Aunque no se exprese en las calles por el aislamiento social obligatorio, el acuerdo alcanzado por este bloque independiente representa un gran avance en relación a la convocatoria de años anteriores, en los que las organizaciones que se reclaman de lucha realizaban acciones separadas, a pesar de estar referenciadas todas en el EMVyJ. El programa que acordamos para este 24 representa un puntal de lucha contra el régimen del FMI, y constituye un llamado a que el conjunto de las organizaciones piqueteras, de izquierda e independientes actúe como un frente único contra el ajuste y la impunidad.

Este reagrupamiento se desarrolla en contraposición a la “Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos” orientada por agrupaciones kirchneristas. Año a año, esta “Mesa” profundiza su integración al Estado capitalista “democrático”, que en numerosos aspectos es una continuidad con la dictadura. Esa cooptación se manifestó con la participación de varios de sus referentes en la campaña electoral del gobernador pejotista Juan Schiaretti, como es el caso de Emiliano Fessia, que pasó a ocupar la Secretaria de Derechos Humanos del municipio una vez que el PJ ganó la intendencia de la Capital.

En esa misma línea, las organizaciones K se alistan para compartir el mismo partido político con Schiaretti y con los derechistas de todo pelaje que pueblan el peronismo provincial, ya que están discutiendo una lista de “unidad” hacia la suspendida interna partidaria. De este modo, la denuncia a la política de impunidad y represión que llevó adelante durante décadas el peronismo provincial es dejada de lado para integrarse a sus filas.

Un ejemplo de esto es que ningún dirigente, ni oficialista ni de la oposición patronal, se haya pronunciado contra el hecho de que, en las vísperas de este 24 de marzo, la Justicia Federal conceda al genocida Yanicheli -uno de los exponentes del centro de tortura D2- el beneficio de la prisión domiciliaria. Detrás de él todos los represores solicitaron el mismo beneficio.

Estos debates tienen una enorme actualidad. Ahora, amparado en la crisis sanitaria por la pandemia, el gobierno ha lanzado a las Fuerzas Armadas a las calles. No lo hace para regresar a sus casas a quienes circulan por la vía pública, sino para prepararse contra un probable crecimiento de la protesta social por el agravamiento de la crisis. Se prepara una nueva represión del pueblo explotado.

El Partido Obrero llama la clase obrera y la juventud a intervenir en la crisis con una salida propia. Rechazamos la cooptación del gobierno y del régimen del  FMI. La lucha contra la impunidad está directamente ligada a la lucha de los trabajadores contra el ajuste. ¡30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presente, ahora y siempre!