Este martes 15 de agosto finaliza el juicio a los policías implicados en el caso de gatillo fácil contra Joaquín Paredes. Por el hecho, y tras que se agravarán las imputaciones, se encuentran en el banquillo los policías Luna y López, acusados de homicidio calificado y tentativa de homicidio en concurso real; Aliendro, Alvarado y Gómez imputados como partícipes necesarios y coautores del homicidio y Gallardo a quien se lo acusa por amenazas calificadas.

Vale recordar que Joaquín Paredes, “Cabu” para sus amigos y familiares, fue asesinado el 25 de octubre de 2020 en la localidad cordobesa de Paso Viejo, departamento de Cruz del Eje. En el mismo episodio fueron heridos sus amigos Jorge Navarro de 15 años y Braian Villagra de 18 años. Tras disparar en reiteradas ocasiones (entre 100 y 120) los policías implicados abandonaron el lugar, dejando a Joaquín agonizando.

Diferentes testigos afirmaron que los efectivos arribaron al lugar, acorralaron al grupo de amigos y comenzaron a disparar sin motivo. Incluso aseguraron que se encontraban en estado de ebriedad. Los jóvenes que estaban con Joaquín la noche del gatillo fácil relataron: “Cuando Cabu cae me acerqué, aunque seguían tirando, llovían balas (…) Tenía mucho miedo, pensé que nos iban a matar a todos, fueron a matarnos (…) Sentí que hubiese sido yo otro muerto, porque las balas picaban al lado mío”.

Además, el padre de uno de los jóvenes que sobrevivieron a la balacera policial declaró pidiendo justicia por Joaquín y para que se termine el hostigamiento policial que sufre su hijo luego de esa fatídica noche.

El adolescente de 15 años fue la séptima víctima de gatillo fácil durante la pandemia, y no la última. El aparato policial, como lo había hecho meses antes tras el crimen de Blas Correas, en un primer momento deslizó la hipótesis de un enfrentamiento e intentó borrar pruebas. Alfonso Mosquera, el entonces ministro de Seguridad, a días del crimen dijo no tener “una opinión formada” sobre el tema y solo atinó a poner a disposición su renuncia, como ya lo había hecho también luego del asesinato de Blas.

Luego de los crímenes de Blas Correa y Joaquín Paredes el poder político estableció que los casos de gatillo fácil encuentran explicación en una carente formación del personal. Pero ni con la sanción de nuevos protocolos y cambios de cúpulas policiales se evitaron nuevas muertes. Resulta que los sucesivos casos de gatillo fácil son la consecuencia de un Estado represivo y de un aparato policial descompuesto, involucrado en el delito organizado, las redes de trata y el narcotráfico, por lo que es necesario desmantelar el aparato represivo y avanzar en la elección popular de jueces y fiscales.

El caso de Joaquín sacudió a la provincia de Córdoba y, producto de la tenaz lucha de los familiares y amigos del joven, ahora se acerca la sentencia a los autores materiales del crimen. No obstante, la lucha debe continuar para avanzar en la condena a los responsables políticos de su muerte. Seguiremos luchando para terminar con el gatillo fácil y la represión, en la calles, independientes de los gobiernos y codo a codo con las familias víctimas de la represión estatal. Justicia por Joaquin Paredes y todxs les pibxs. El próximo 28 de agosto ganemos las calles en una nueva marcha contra el gatillo fácil.

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