Cuatro extrabajadores de Molinos Minetti fueron condenados por el delito de “turbación de la posesión” y “daños”. La Justicia los condenó por la toma de las instalaciones de la empresa producto de un reiterado incumplimiento de las obligaciones de la patronal. Por el fallo judicial se condenó a los delegados gremiales Enrique Gómez y a Cristian Daniel Jamud a un año y seis meses de prisión condicional. En tanto que Juan Abel Álvarez y a Martín López recibieron un año de prisión condicional.

Cabe recordar que la protesta de trabajadores tuvo sus momentos claves entre julio-agosto del 2019, cuando la patronal cerró el Molino, despidiendo a 150 personas. En este marco, se construyó un plan de lucha en defensa de los intereses de las familias trabajadoras. Al momento de tomar las instalaciones, a los obreros se les adeudaba al menos tres meses de salarios, aportes patronales, y la ART.

Es decir que los trabajadores ejercían el derecho a la protesta en defensa de sus derechos laborales incumplidos por la patronal. Sin embargo, la Justicia procesó a 17 trabajadores, cuatro de los cuales llegaron a juicio. Hay que decir que hubo trabajadores que resignaron deudas, y derechos, para no ser incluidos en el juicio. De esta manera, la patronal jugó a fondo una extorsión que encontró eco en una Justicia afín a sus intereses y al del gobierno de Juan Schiaretti.

En un comunicado sobre lo sucedido en el juicio, los trabajadores afirmaron que “En dicho debate oral expusieron los testigos Fernando Cornú de Olmos y Agustín Figueroa Álvarez, directivos de la empresa, quienes intentaron menospreciar, invisibilizar y no reconocer ninguna de sus responsabilidades como empleadores”. Lo que da cuenta del carácter de clase de la Justicia.

Como no podía ser de otra manera, los abogados de la patronal saludaron el fallo de la Cámara del Crimen. Se trata de una resolución que sienta una jurisprudencia antiobrera. De esta manera, el gobierno fue cómplice con la empresa para no garantizar los derechos laborales, y ante ese hecho no se denunció a la empresa que abiertamente violó normativas laborales esenciales como la Ley de Contrato de Trabajo.

Rechazamos este fallo antiobrero que es parte de una escalada represiva contra la clase obrera. En ese sentido fue elevada a juicio la causa contra el movimiento piquetero. El próximo 9 de noviembre marcharemos en las principales ciudades en rechazo a la política represiva de todos quienes gobiernan, porque luchar no es delito.

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