Algunas estadísticas, difundidas en tiempos electorales, marcan que en los últimos años en Córdoba aumentó la participación de niños, niñas y adolescentes en diversos ilícitos, particularmente en delitos contra la propiedad: robos y hurtos, principalmente.

A diario ingresan al sistema judicial muchísimas causas en las que se encuentran involucrados niños, niñas u adolescentes, de todas las edades: por maltratos, abusos, violencia familiar. Estos también son víctimas del gatillo fácil, la trata de personas, o la sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes, en la que son partes como víctimas del proceso penal.

La Voz del Interior publicó un informe y un mapa territorial elaborados por la Justicia y la policía de Córdoba que dice lo siguiente sobre el sistema penal juvenil: en 2022, ingresaron al sistema penal 1.788 causas con menores implicados. Es decir, 4.81 niños por día son perseguidos por la instrucción penal y el sistema penal juvenil. De ellos, el 10% fue privado de su libertad, es decir que 178 niños aproximadamente fueron alojados en el Complejo Esperanza. Los niños que habitan las residencias de la Senaf no son contados entre las personas privadas de su libertad. Solo cuentan los alojados en el Esperanza.

Además, surge del mencionado informe que el 51% de estos niños y niñas consumen drogas como marihuana, alcohol, cocaína y otros estupefacientes (desde LSD, hasta éxtasis y otros). Brutal.

La realidad de la niñez de Córdoba se hunde con el régimen provincial y nacional. El paraíso que Juan Schiaretti publicita posee una tasa de pobreza infantil cercana al 60%, al igual que el país en general. En 2022, el Indec calculó que un 54% de los NNA se encontraban bajo la línea de la pobreza. La decadencia del régimen económico y político sojuzga a la niñez y adolescencia y no da respuestas a sus necesidades, violando todo un elenco de derechos internacionales, nacionales y provinciales.

Esa es la realidad en la que se encuentra la niñez y la adolescencia en Córdoba y en las demás provincias del país. Los cuatro patronales, en el debate presidencial, declararon que quieren bajar la edad de imputabilidad. Como si prontuariar a un adolescente de 12,13 o 14 años fuera la respuesta a lo que los impulsa a realizar esas acciones. El delito parte desde el gobierno, y el último eslabón de la cadena -en una minoría de casos- está compuesto por niños y adolescentes: como los soldaditos del narco en Rosario. Los delitos juveniles e infantiles crecen porque quienes gobiernan amparan las usinas generadoras de delitos, como el narcotráfico, a la vez que hunden a las familias en la crisis más brutal.

Todos los gobiernos de las últimas décadas han reforzado el aparato represivo del Estado: más policías, más móviles, más cámaras, más armas letales y “no letales’’. Pero el delito siguió creciendo. Es que el delito organizado (la trata, el narco) representa una cadena delictiva que abarca al aparato policial y judicial. Las niñeces y adolescencias que son autores de hechos delictivos viven en entornos barriales y familiares de violencia, narcotráfico y delincuencia. De este escenario son responsables quienes gobernaron.

En este marco, el Polo Obrero y las organizaciones piqueteras que luchan por trabajo genuino, vivienda y contra el hambre son quienes realmente pelean por darle otra salida. Para sacar a la juventud de esta encrucijada tiene que poder proyectar una vida, trabajando y estudiando, hace falta acceso al trabajo genuino y bajo convenio y un aumento del presupuesto educativo, en lugar de descargar sobre ella el ajuste.

Massa, Milei, Bullrich y Schiaretti coinciden en bajar la edad de imputabilidad porque ni buscan terminar con el delito ni tienen nada que ofrecerle a la juventud, que usan como chivo expiatorio. Coinciden en una reforma del régimen penal juvenil y un reforzamiento del aparato policial para imponer un ajuste al servicio del FMI. Por el contrario, para combatir la inseguridad hay que desmantelar las cúpulas policiales, establecer un control ciudadano sobre las fuerzas de seguridad, que los cargos de jueces y fiscales sean electos. En contraposición a los planteos derechistas de los políticos capitalistas, llamamos a votar al FIT-U.

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