Este miércoles 19 de abril, pasadas las 10 horas, familiares de personas privadas de libertad junto a organizaciones anticarcelarias marcharon a la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba para denunciar muertes y graves violaciones de los derechos humanos en las cárceles. También presentaron un petitorio en el que exigen respuestas urgentes.

En el mencionado petitorio se da cuenta de muertes y torturas en las cárceles de Córdoba. En ese sentido sostiene que “en lo que va del año se dieron a conocer seis muertes dentro de las cárceles cordobesas”. Entre los decesos se cuenta el de Celeste Rodríguez, de 30 años de edad, con tres hijas a su cargo. La mujer no tuvo la asistencia psicológica necesaria teniendo en cuenta el estado de shock en el que ingresó a la cárcel (…) la respuesta institucional fue darle psicofármacos y no permitirle visitas, como mecanismo de contención del sistema penitenciario. Se suicidó el pasado 3 de abril.

Además, el 5 de abril Bruno Nazareno Llanos, de 33 años, es asesinado. “Entre varios guardias lo golpean al punto de dejarlo en un estado de descompensación hemodinámica que termina por matarlo. Dicho en otras palabras, lo torturaron al punto de acabar con su vida”, según informa el texto presentado ante el Ministerio de Justicia.

En tanto que a Nicolás Alexis Barrera Barrionuevo, de 25 años, prácticamente se lo dejó morir. La fiscalía conducida por Alfredo Villegas consideró que no podía esperar al juicio en libertad (…) Manifestó durante varios días seguidos malestar estomacal, mucho dolor abdominal y algunos síntomas que refieren a la peritonitis. En ningún momento se le dio atención médica (…) gracias a la insistencia de sus compañeros que tuvieron que llegar al punto de prender fuego algunas almohadas para llamar la atención de los guardias lo trasladaron al Hospital Córdoba. Cuando llegó al hospital, su situación ya era irreversible. A la medianoche falleció.

Caréceles: súperpoblación, muertes y torturas

“En el transcurso del gobierno de Juan Schiaretti van más de 70 muertes en las cárceles cordobesas. Y nombrando solo algunos casos específicos podemos reconocer como se infringen a niveles brutales los derechos humanos, que recordemos son inherentes a todas las personas”, describe el petitorio mencionado.

Además, el texto citado informa que en “el último censo realizado dentro de las cárceles cordobesas, en 2021 había un total de 10.409 personas privadas de su libertad, de las cuales 9.923 son varones, 468 mujeres, 7 varones trans y 7 mujeres trans. De este total de 10.409 detenidos sólo 4.272 tienen condena firme. Lo que significa que había 6.137 personas privadas de su libertad sin condena, lo que deja a la vista como la prisión preventiva es moneda corriente en la Justicia cordobesa (Hablamos en pasado, cabe aclarar porque nos faltan aún los datos del año 2022 y lo que va del 2023)”.

“En 2021 un total de 2.626 personas no recibieron atención médica y 1.076 no recibieron visitas durante todo el año. Solo 934 detenidos participan del programa laboral impuesto por el sistema”, asegura el petitorio.

“Queda en claro que tanto el Estado como los gobiernos son responsables de esta situación, pero no solo eso sino que a medida que la crisis económica avanza la situación de las personas privadas de libertad sufren los resultados de dicha crisis de primera mano, no solo porque la gran mayoría de la población carcelaria es parte de las mayorías populares inmersas en la precarización laboral y la desocupación sino porque el Estado en este momento ni siquiera está brindándoles algo tan básico como los alimentos”, analizan en el documento presentado por familiares y organizaciones.

El documento pide el esclarecimiento de las muertes en las cárceles y que “se empiecen a cumplir los derechos básicos de brindar elementos de higiene, alimentos, acceso a la educación y atención médica a tiempo y cuando sea necesario”. En el contexto descrito, el documento concluye realizando varias exigencias, entre ellas que “el área de salud del sistema penitenciario pase a depender del Ministerio de Salud ya que en este momento es dependiente del Ministerio de Justicia”.

“También exigimos que se cumpla con la ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad y con los Tratados Internacionales y Convenciones con jerarquía constitucional”, asegura el citado texto. Exigimos verdad y justicia por todos los detenidos que hoy están siendo víctimas de un Estado represivo, que solo agrava la situación haciendo oídos sordos y profundizando la represión”.

Las situaciones de muertes y violación de Derechos Humanos en las cárceles de la provincia son una expresión de una crisis de régimen. La descomposición de las fuerzas de (in)seguridad son otro ejemplo que hace necesario una transformación social integral para terminar con los gobiernos al servicio del FMI.

Sin dudas, la perspectiva señalada solo puede ser obra de una alternativa política propia de lxs trabajadores. Sera justicia.

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