La multisectorial contra la criminalización de la protesta de Córdoba formuló una declaración en rechazo de las imputaciones y la criminalización de la protesta social. Asimismo, convoca a las organizaciones sindicales, políticas y al conjunto del pueblo trabajador a adherir al reclamo en defensa del derecho a luchar.

Entre las firmas de sindicatos que rechazan las imputaciones se encuentran el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Río Tercero, el Sutna, el sindicato de municipales de Jesús María y ATE-Córdoba. También rechazan las imputaciones organizaciones de DD.HH, y organizaciones políticas.

El próximo lunes 24, a las 10 horas de la mañana frente a Tribunales I, decenas de organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y políticas nucleadas en la multisectorial contra la criminalización de la protesta desarrollarán una conferencia de prensa para rechazar y repudiar las imputaciones a luchadores de la provincia llevada adelante por la Justicia cordobesa por orden y cuenta del gobierno de Juan Schiaretti.

Las seis imputaciones dispuestas por el fiscal de Aragón, entre las que se encuentran los dirigentes del Partido Obrero y del Polo Obrero Soledad Díaz y Emanuel Berardo, actualmente precandidatos por el Frente de Izquierda Unidad, constituyen un hecho de persecución política inadmisible contra quienes oponen resistencia al ajuste en nuestra provincia.

La conferencia de prensa es un primer paso de una serie de iniciativas en defensa del derecho a la protesta y las libertades democráticas. Asimismo, compartimos el documento emitido por la multisectorial contra la criminalización de la protesta.

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos y repudiamos las imputaciones efectuadas por la Justicia provincial en contra de dirigentes sociales y gremiales que se movilizaron en la jornada nacional de la Unidad Piquetera del día 5 de abril pasado. Se trata de un nuevo episodio de la escalada represiva y persecutoria que viene estableciendo el gobierno de Schiaretti, para suprimir la protesta social en Córdoba. No hay justicia independiente, el fiscal actúa por cuenta y orden del gobierno.

Crece la crisis social y económica, y crece la pobreza y la indigencia; y los que gobiernan son responsables. Los gobiernos lejos de encontrar una solución al problema, plantean reforzar el carácter represor del Estado para controlar y/o reprimir los reclamos sociales. El proceso inflacionario que ha llegado al 102% anual confisca groseramente salarios y jubilaciones. Así tenemos al 40% de la población en la pobreza, que sube al 54% en la niñez.

Toda esta política, económica y social ha sido definida por el FMI que dicta un fuerte ajuste en el país. En el último “acuerdo” se estableció avanzar en tarifazos, restricción al acceso de la moratoria jubilatoria, recortar programas sociales y avanzar en la devaluación. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales llevan adelante este programa reaccionario. Sobre esa base existe una enorme carrera electoral derechista.

Con esta situación es fundamental defender el derecho a reclamar, como hacen docentes, trabajadores de salud, desocupadxs y demás luchas que se desarrollan. El “Derecho de Protesta” se relaciona con los derechos de libertad de expresión, de reunión y de asociación, libertad sindical y de huelga; cuyas conquistas se deben a grandes luchas del movimiento obrero y popular.

La represión de las manifestaciones, la infiltración de provocadores en las columnas de las organizaciones que se movilizan, el encarcelamiento de referentes, la judicialización de la protesta social, las maniobras de funcionarios judiciales para desconocer derechos constitucionales, la estigmatización y discriminación promovida desde los grandes medios de comunicación adictos al poder político; son los métodos con los cuales el Estado y los gobiernos intentan y reprimen al pueblo trabajador. Se trata de un accionar sistemático.

Esta escalada abiertamente represiva se viene presentando en la Legislatura con distintos proyectos, y ha sido condensada en un fallo inconstitucional, ilegal y arbitrario que emitió el Juez Fernández López, que dice que la policía está autorizada a “llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público, con preponderancia de las calles y demás vías de circulación”. Es decir, habilitó la prohibición de la protesta social y la persecución y represión sobre el pueblo trabajador que lucha. Ese accionar nefasto de la Policía, quedó al descubierto en el juicio por el asesinato de Blas Correas.

El fallo infame y fascistizante ha sido elaborado con el apoyo y la participación de los gobiernos provincial y municipal, y de la policía. En esa resolución justifica la prohibición de toda protesta social, la promoción de la represión estatal o paraestatal, y la persecución contra quienes se movilicen. Para demonizar las movilizaciones, Fernández López afirma que constituyen “tiranías” equiparables a la dictadura de Videla, como así también endilga a las movilizaciones el carácter de asociación ilícita y toda clase de delitos. El juez llega al extremo reaccionario absurdo de endilgarles a madres y padres que se movilizan, una inexistente utilización de sus hijos, como “escudo” contra las fuerzas represivas.

Convocamos a todas la organizaciones políticas, gremiales, sociales, de DD.HH y ciudadanía democrática en general a sumar su repudio y construir una respuesta colectiva ante este atropello. Los abajo firmantes creemos que debemos dar una respuesta contundente y convocamos para debatir cómo enfrentar el nuevo intento de restringir este derecho elemental.

https://prensaobrera.com/movimiento-piquetero/marcha-de-antorchas-y-acampe-piquetero

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/sigue-la-escalada-represiva-en-cordoba