Se cumplen 11 meses del gatillo fácil contra Valentino Blas Correa. El joven de 17 años volvía de un bar con sus amigos el 6 de agosto de 2020 y la policía lo baleó por la espalda. El caso causó conmoción popular, y expuso un cuadro de descomposición de las fuerzas policiales y la justicia.

“Persecución, gatillo fácil y operativo de impunidad”, tituló Prensa Obrera, en las primeras horas de lo sucedido. El aparato policial buscó ensuciar a las víctimas para salir impunes. Sin embargo, la madre de Blas, Soledad Laciar, dejó en claro que “hubo cientos de policías queriendo tapar el moco que se habían mandado”. Es decir que en el caso hay toda una cadena de responsabilidades políticas y materiales.

En ese sentido, no se anotició del hecho al sistema de comunicaciones de la policía. Los policías implicados y sus superiores se reunieron antes de plantar el arma para simular un tiroteo, según publicó el pasado 3 de mayo La Voz. Policías cercaron el lugar donde detuvieron al automóvil en el que se trasladaban lxs pibes, maltrataron a los ocupantes del vehículo e impidieron a los familiares llegar al lugar del hecho. Hubo un modus operandi aceitado en las fuerzas represivas para encubrir responsabilidades.

Las primeras imputaciones de la justicia dieron cuenta de que los policías que le dispararon a Blas tenían antecedentes. También se llegó a imputar al subcomisario Gonzalo Cumplido “por violación de deberes de funcionario público”. El ahora exjefe de la zona sur de la Seguridad Capital dijo: ‘‘voy a contar todo’’, haciendo clara alusión a la responsabilidad política y judicial en el accionar policial. Pero el mencionado policía retirado quedó fuera de la causa al ser sobreseído por juez del fuero anticorrupción, Gustavo Hidalgo.

En la elevación a juicio son 13 los policías procesados, incluidos los comisarios inspectores Soria y Galleguillo. Con semejante cantidad de imputaciones, el gobernador, Juan Schiaretti, hasta la fecha guardó silencio, pero el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, llegó a poner su renuncia a disposición del Ejecutivo, sin embargo se lo mantuvo en el cargo. Es decir que se lo respaldó.

El caso derivó en una gran crisis política y policial. Se cambió la cúpula policial, pero los casos siguieron. La policía fue autora del asesinato de Luis Merenigo el 1 de septiembre y del crimen de Joaquín Paredes el 25 de octubre. Antes de Blas la política represiva del gobierno se llevó la vida de “Nano” Guzmán y Agustín Barrios el 23 de junio, José  Ávila el 4 de julio, por mencionar solo algunas de las víctimas.

A finales de octubre se dictó un protocolo policial al que familiares calificaron como una burla. La política represiva hacia trabajadores continuó. A las familias sin tierra se les aplicaron violentos desalojos. A la juventud se la siguió disciplinando con el gatillo fácil y con el enjuiciamiento de 27 estudiantxs por la lucha educativa.

Estos días La Voz publicó una nota titulada ‘‘Por un robo, condenan a un expolicía’’ donde relata que un exintegrante de la fuerza de 33 años fue condenado en Traslasierra a cinco años y siete meses de prisión por robo calificado. El exuniformado había sido exonerado por estafa. Lo señalado es una noticia que se repite en los medios, lo que da cuenta de una vinculación de la policía con el delito organizado.

La conclusión es que el aparato represivo del Estado, el gobierno y la justicia se encuentran en un cuadro de descomposición, agravada cada día por la crisis y la pandemia. Solo un cambio de raíz de todo el régimen político puede modificar la situación.

En este marco, lxs familiares de víctimas de la represión estatal se organizan para reclamar justicia. El pasado 5 de julio se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes familiares de Joaquín Paredes, Blas Correas, Yamil Malizzia, José Ávila, Agustin Barrios, Lautaro Guzmán y Lucas Funes, pidiendo justicia. Han formado además una comisión de familiares para seguir luchando contra la impunidad y hacer justicia.

El Partido Obrero apoya de lleno la lucha de los familiares y llama a toda la población, a la juventud, a lxs trabajadores, a redoblar la lucha contra el gatillo fácil y por el desmantelamiento del aparato represivo del Estado. A 11 meses del caso de Blas Correa levantemos bien alto las consignas: justicia por Blas y por lxs pibes, basta de gatillo fácil, basta de ajuste, represión e impunidad, el Estado es responsable.

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