Nuevamente, un adolescente apareció muerto en el Complejo Esperanza (un “centro socioeducativo, donde se les brinda protección y asistencia integral, priorizando un abordaje educativo multidisciplinario”, según dicen en el sitio web de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del gobierno de Córdoba (Senaf). Ya son cuatro los jóvenes muertos en poco menos de un año y medio.

 

También aparece la teoría del suicidio, a pesar de que hay un hermetismo total y los rumores hablan de un cuerpo golpeado. Son muchos los jóvenes “suicidados” cuando están bajo la responsabilidad del Estado. Sucedió en el complejo y también en comisarías -como en la de Capilla del Monte, donde Jorge Reyna, un joven de 17 años acosado por la policía, también apareció suicidado.

 

Si efectivamente fue un suicidio, también se trataría de un crimen del Estado. El complejo se mantiene como una cárcel; varias veces a los jóvenes, por razones ajenas a ellos, se les ha impedido un contacto fluido con sus familiares e incluso acciones judiciales en su defensa.

 

Los llamados “guardiacárceles” tienen dominado el complejo sin cumplir el papel asignado por la ley de “educadores”, para lo cual la Senaf no los prepara tampoco. Gran parte de los jóvenes judicializados son víctimas de las mafias de la droga, la trata y otros grandes ilícitos que crecen al amparo de funcionarios y el aparato del Estado. El suicidio, en estas condiciones, es un asesinato.

 

El crimen estatal se completa con la acción de la Senaf, que funciona en condiciones de verdadera ilegalidad. Los jóvenes y niños judicializados que van a los hospitales son asistidos por las llamadas “cuidadoras hospitalarias”, a las cuales no se las prepara para la tarea y se les exigen tareas de enfermería que desconocen totalmente -para colmo, cobran sólo 1.500 pesos al mes por 30 horas semanales. ¡Esta es la valoración que la Senaf da a la vida de los jóvenes y niños bajo su tutela! Junto a las familias de las víctimas hay trabajadores que denuncian esta situación. Hay que ir a fondo para que todos los responsables, empezando por el gobernador, su gabinete y el responsable de la Senaf, sean castigados por estos crímenes.