Este miércoles 3 de agosto, en Tribunales II de la ciudad de Córdoba, se llevó acabo la sentencia del juicio contra los dos policías imputados por el asesinato de José Ávila. El suboficial Lucas Navarro, acusado de homicidio calificado, recibió la condena a 11 años de prisión, mientras que el cabo Sebastián Gabriel Juárez fue sentenciado a 3 años de cárcel por encubrimiento agravado y omisión de los deberes de funcionario público.

El fiscal de Cámara, Hidalgo, pidió una condena de prisión perpetua para el suboficial, Lucas Gonzalo Navarro; el autor del disparo mortal, mientras que para Juárez solicitó una pena de 5 años y 6 meses de cárcel.
Para indignación de la familia, los policías recibieron penas mucho más bajas. En sus últimas palabras en el juicio, el asesino manifestó que el gatillo fácil fue “un accidente de trabajo”. Cabe recordar que, tras el disparo, dejaron a la víctima abandonada, sin dar parte a las fuerzas de (in)seguridad.

Entre el dolor de una sentencia que tiene gusto a impunidad, la familia Ávila adelanto que apelará el fallo. “La impunidad viene desde arriba” denunciaron ante los medios de comunicación. También manifestaron que continuaran la lucha por justicia.

La concentración de la familia de Ávila, fue acompañada por varios familiares de otras víctimas de la represión estatal, entre ellos, la madre de Rodrigo Sánchez de la Coordinadora de Familiares de Víctimas del gatillo fácil, Soledad Paredes la madre de Joaquín y familiares de Blas Correas, entre otrxs.

Recordemos que el caso de José “Beco” Ávila fue uno de los que sacudió el 2020, año en que la policía cometió un sinfín de abusos y asesinatos con la excusa de la cuarentena. A José, dos efectivos de la policía motorizada lo persiguieron y luego le dispararon y dejaron agonizar hasta morir.

A la sentencia solo uno de los policías imputados llegó preso, el que, según la investigación, disparó contra Ávila. En tanto que, el cabo que encubrió y se fugó luego del asesinato, se encuentra en libertad en las instancias finales del juicio. La sentencia se produjo en el mismo mes que se realizará la octava marcha contra el gatillo fácil convocada por familiares de víctimas del Estado represor, entra las consignas principales se exige justicia por les pibes y se denuncia la impunidad de jueces y fiscales cómplices de la policía asesina.

El carácter de justicia adicta al poder y garante de la impunidad quedó claro una vez más, la sentencia en este caso deja a la vista lo sostenido por familiares que hace años luchan por justicia, mientras este aparato hace la vista gorda de crímenes perpetrados por las fuerzas de (in)seguridad bajo responsabilidad del gobierno de Juan Schiaretti.

Es por eso que, desde el Partido Obrero, señalamos la importancia del planteo de la elección y revocabilidad popular de los jueces y fiscales, con este programa y la movilización popular independiente de los gobiernos podremos conseguir la justicia que falta. Justicia para José Ávila, gatillo fácil nunca más.

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