Córdoba: pidieron Jury de enjuiciamiento para el Juez Fernández López y el Fiscal De Aragón

El Partido Obrero, a través de sus vocerxs Soledad Díaz y Emanuel Berardo, solicitaron Jury de enjuiciamiento para el Juez Juan Manuel Fernández López y el Fiscal Ernesto De Aragón, por “mal desempeño, negligencia grave, desconocimiento inexcusable del derecho y supuesta comisión de delitos; de acuerdo a lo normado por el artículo 154 de la Constitución Provincial”.

Cabe recordar que el Juez Fernández López y el fiscal De Aragón vienen siendo parte de una escalada represiva que en Córdoba tiene 7 luchadores populares imputados, entre ellos a Soledad Díaz y Emanuel Berardo. Detrás de la acción de los funcionarios mencionados se encuentra el gobierno de Juan Schiaretti que persigue al movimiento piquetero, con un Poder Judicial afín. El centro del ataque reaccionario es el derecho esencial de la protesta.

En ese sentido, tras el fallo dictado por Fernández López, el fiscal De Aragón imputó a referentes de la Unidad Piquetera, del Partido Obrero y de ATE-Córdoba, tras participar de una marcha contra el ajuste que era parte del plan de lucha nacional que las organizaciones piqueteras vienen llevando adelante.

El Partido Obrero rechazó el fallo dictado por Fernández López y el planteo de sancionar normas que restrinjan el derecho a la protesta. En ese sentido, realizó marchas, presentaciones en la Unicameral y ahora presentó el pedido de Jury para separar de su cargo a los funcionarios mencionados.

“El gobierno de Córdoba ha establecido una escalada abiertamente represiva contra los reclamos sociales y las manifestaciones populares; y los funcionarios judiciales denunciados llevan adelante la indigna tarea de criminalizar la protesta social”, describe el PO en el texto en el que pide el Jury.

El pedido de Jury considera entre sus fundamentos que el “fallo infame y fascistizante ha sido elaborado con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial del gobierno de Juan Schiaretti y del Poder Ejecutivo municipal de la Ciudad de Córdoba, del gobierno de Martín Llaryora. Es importante destacar que el fallo no ha sido impugnado ni recurrido por parte del Estado provincial, ni el municipal; y que además públicamente los distintos funcionarios de los gobiernos mencionados han salido con declaraciones públicas en apoyo a la sentencia represiva. Todo esto nos lleva a concluir que el gobierno de Córdoba adhiere y hace suyo el contenido del fallo dictatorial”.

“El fallo mencionado tiene como núcleo la justificación de la prohibición de la protesta social, la promoción de la represión estatal o paraestatal, y la persecución contra quienes se movilicen. Es de resaltar que el fallo no se limita a una manifestación específica, no habla de tal o cual hecho puntual. Por el contrario, habla de las movilizaciones en general, es decir, condena a todas las movilizaciones, y, por consecuencia lógica, condena a la movilización. Para suprimir el derecho de protesta, el fallo se explaya en fundamentaciones abiertamente reaccionarias, fascistizantes, represivas, persecutorias y discriminatorias”, analiza el citado texto.

“El Juez Fernández López nos dice que toda movilización en sí es una tiranía y automáticamente conlleva a la comisión de delitos. El Juez no tiene ninguna prueba para afirmar semejante aberración, que constituye a todas luces una calumnia, pero en su entendimiento, el manifestante no es una persona que tiene una necesidad o un reclamo, sino un ‘tirano’ que se dedica en el acto de su tiranía a cometer distintos delitos”, sostiene la presentación realizada.

“En su profundo posicionamiento ideológico reaccionario acerca del derecho a protesta, el Juez llega al extremo absurdo de endilgarles a madres y padres de familia una supuesta e inexistente utilización de sus hijos como ‘escudo’ contra las fuerzas represivas”, describe el pedio de Jury que sostiene: “el funcionario que está en contra del derecho a la protesta y de petición ante las autoridades, que ha sido garantizado constitucional e internacionalmente; pretende imponer que toda manifestación es un delito y que los manifestantes, madres y padres se preparan y se protegen para cometer ese delito, llevando a sus hijos a cometer el delito”.

Hoy en la Legislatura realizamos un pedido de Juri de enjuiciamiento para la destitución del Juez Fernández López y el Fiscal De Aragón. Basta de perseguir a los que luchan. Abajo el ajuste y la criminalizacion de la protesta social. pic.twitter.com/yaw5d7c5nI

— Soledad Diaz Garcia (@SoleDiazGarcia) April 17, 2023

“En la parte resolutiva de la sentencia fascistizante se establece que el gobierno de Córdoba y su policía se encuentra legalmente autorizado ‘a llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público’. Cuando se refiere a ‘todo tipo de tareas’, el Juez pretende extender un cheque en blanco en materia represiva, incluyendo la comisión de detenciones arbitrarias, infiltraciones, provocaciones, golpizas, torturas, abusos sexuales, asesinatos y demás acciones a las cuales nos tiene acostumbrados la Policía de Córdoba”, describe la petición de Jury presentada por Díaz y Berado.

“Consciente de la calidad de las ‘tareas’ que se están autorizando y promoviendo; el Juez busca brindar de impunidad a las fuerzas policiales (…) debe encararse una férrea política estatal de prevención y disuasión de estas transgresiones, con la sola utilización de las herramientas legales disponibles (Código Penal y Código de Convivencia, fundamentalmente). A tal fin, además, se debe restituir a las fuerzas de seguridad la plena confianza de que contarán con absoluto apoyo institucional en caso de requerirse su intervención activa (siempre dentro de los límites de la ley)”. ¿Qué significa restituir confianza al aparato policial? ¿Qué significa el ‘absoluto’ apoyo institucional a la intervención activa? El mensaje es simple: procedan con la represión que hay impunidad”.

“El Juez, el Fiscal y el Gobierno que adhiere al fallo, quieren prohibir y reprimir las manifestaciones sociales, sindicales y políticas, cuando la conflictividad social crece a raíz de la fuerte crisis social y económica que atraviesa nuestro país, de la cual son responsables todos los que gobernaron en las últimas décadas”, fundamenta el PO en el pedido de Jury.

La presentación realizada forma parte de un curso de acción en defensa de las libertades democráticas y en apoyo a las luchas populares. Además, el fallo judicial de Fernández López es rechazado por organismos de DDHH, organizaciones sindicales y políticas, que rechazan la criminalización de la protesta.

Cabe destacar que en una multisectorial se está preparando una gran marcha en rechazo a las imputaciones y por la derrota de una orientación represiva en función de que pase el ajuste. Luchar no es delito.

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