En la madrugada de este 10 de mayo les vecines de Punilla, que realizaban un acampe en Molinari en rechazo a la construcción de la Autovía de la Ruta 38, fueron desalojades de manera violenta y sin aviso previo. Se trata de un nuevo hecho represivo del gobierno de Juan Schiaretti para imponer de manera ilegal una obra que la población rechaza.

Cabe recordar que el viernes 6 de mayo les vecines amanecían con un nuevo inicio de obras, esta vez pasando el ex peaje de Molinari, camino a La Candelaria. Esto motivó a que les más cercanes al lugar decidieran en asamblea apostar a un segundo acampe, que en conjunto con el de San Roque pudieran frenar el avance de la autovía.

Pasado el mediodía del lunes 9 de mayo, la tensión se descomprimió cuando la propia policía anunció que no había orden de continuar allí, y las máquinas fueron guardadas. Sin embargo, les acampantes denuncian que siendo las tres de la madrugada del día martes 10 de mayo, la infantería arremetió de lleno contra elles, impidiéndoles sacar sus elementos personales y vehículos del lugar.

Antes de que el desalojo ocurriese, Punilla y Paravachasca programaron una acción de lucha frente a la Cámara en lo Contencioso Administrativa Córdoba Capital, para hacer un pedido urgente de vecines de ambos valles que resisten tamaña violencia.

El proyecto de Schiaretti, avalado por el gobierno nacional, acelera los plazos de ejecución. Pretenden a lo largo del 2022 desarrollar las obras de los cuatro tramos de la autovía de montaña al mismo tiempo. Ante la inminente instalación de un obrador y máquinas de desmonte, les activistas hicieron un pedido de Habeas Corpus para disponer de un acampe allí mismo y evitar la misma represión sufrida por sus pares en Paravachasca, medida que fue denegada por la Justicia.

La velocidad en el rechazo del pedido de les activistas se contrapone por el vértice con la lentitud de la Justicia a la hora de resolver el amparo interpuesto por vecines y asambleas, que durante cinco años aportaron elementos y pruebas suficientes de las irregularidades de toda esta obra. Demuestra al servicio de qué intereses se ubica el aparato judicial ante el avance del proyecto.

La respuesta de apoyo al acampe, el lunes a primeras horas, no demoró la inmediata movilización al lugar del aparato represivo. La concurrencia de móviles y agentes de infantería que cortaba la libre circulación y el acceso de quienes defienden el monte nativo da muestras una vez más que se brinda protección y seguridad jurídica a los extractivistas y a quienes se reparten espuriamente los negociados con la obra pública. Para la población, en cambio, desalojos, represión e imputaciones.

Ante esta afrenta de los gobiernos nacional, provincial y municipales, que impulsan una megaobra sin licencia social y con una licencia ambiental trucha, decimos que la salida es el frente único de asambleas ambientales, populares y pueblos originarios que sea independiente del Estado y de los gobiernos. Proponemos fortalecer los espacios de debate y deliberación, ya que urge una asamblea general de todos los conflictos ambientales de la provincia.

En el mismo sentido proponemos a las organizaciones de estas luchas a sumarse a la Marcha Federal que pasará por Córdoba el próximo miércoles 11, ya que en lucha contra el hambre y la desocupación, nos encontramos enfrentando el mismo ajuste y el mismo saqueo.

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