En la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba, sus internos realizaron una protesta exigiendo medidas para resguardarse del Covid-19. La demanda fue iniciada en el módulo dos, y expresó las necesidades del conjunto de quienes están recluidos. Las autoridades, lejos de dar respuestas, reprimieron, y tomaron represalias. Hubo 30 traslados a la cárcel de Cruz del Eje, y verdugueos constates. Estas medidas solo empeoran la situación de quienes están privados de libertad, que denuncian que hay personal del Servicio Penitenciario que regresó de vacaciones en países de riesgo y se les está obligando a trabajar, dejando de lado la necesaria cuarentena.

Los heridos tras la represión de la protesta no fueron atendidos.  A Prensa Obrera le llegaron denuncias que incluso les siguen pegando a cada rato. Una denuncia de un probable contagio de un interno con Covid-19 tampoco suscitó la debida atención. Familiares de internos declararon al programa “La Vida y la Libertad” que se emite por radio la Ranchada que solo hay un enfermero por módulo y que no tienen agua ni elementos de higiene. Tampoco hay circulación interna, como mucho hay un jabón por pabellón, no hay agua, le sacan la luz.

La pandemia ha expuesto aún más la violación de los Derechos Humanos de quienes están privados de su libertad. El gobierno dictó protocolos y difundió medidas a través de sus dependencias para establecer condiciones de higiene y protección de la población carcelaria. Sin embargo, los anuncios no se cumplen y, por la cuarentena, al no poder ingresar la visita, los internos no cuentan con elementos de higiene.

El Comité Nacional para la prevención de la tortura llamó a “adoptar medidas concretas para dar estricto cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación a través del plan Operativo de preparación y respuesta al Covid-19”.

Sin embargo, la realidad es que el Estado incumple lo que resuelve en materia de prevención, aun cuando el servicio penitenciario cuenta con un presupuesto extra. Con el surgimiento de la pandemia salen protocolos pero la situación se agrava. El Estado saca disposiciones estableciendo una persona por metro cuadrado, pero adentro de las cárceles eso no se cumple. Se sabe hace rato que hay establecimientos con sobrepoblación.

En este marco, organizaciones anti carcelarias y familiares de internos están realizando denuncias y peticiones; entre ellas el pedido de que dicten prisión domiciliaria para las madres internas. El pedido por ahora no es escuchado, el tiempo pasa, el riesgo es cada vez mayor, es necesario que los reclamos sean respondidos y más aún cuando Córdoba es una provincia de transmisión comunitaria del virus.