Córdoba: siguen los casos de violencia policial contra las mujeres y la juventud

El gobierno de Juan Schiaretti y Martín Llaryora es responsable.

El pasado sábado 10, en la ciudad de Córdoba cerca de las 23:30 horas, Yesica Brusa viajaba en su motocicleta con su hermana y una amiga cuando fue parada en un control policial, entre las calles Santa Ana y Espora. Según el relato de la mujer, los agentes le pidieron la documentación del vehículo y como no la tenía consigo, le secuestraron la moto. Asimismo, la esposaron y la llevaron a la comisaria. Brusa fue trasladada hasta el distrito 19.

Yesica denuncia que allí quisieron hacerle firmar un acta que decía que ella no llevaba DNI, lo cual era falso. Como se negó, recibió una golpiza mientras seguía esposada. Su hermana, al querer ayudarla, también fue golpeada. Así las cosas, Yesica se encuentra imputada por resistencia a la autoridad y violencia al personal policial.

En Jesús María, otra golpiza policial

Juan Rodas, de 21 años, denunció que cuando volvía de los festejos por la victoria de la Selección argentina un grupo de policías le propinó una brutal golpiza sin causa alguna. El joven oriundo de la ciudad de Jesús María relató lo sucedido en su Facebook: “entre 6 policías me pegaron sin ningún motivo, me sacaron el hombro a los golpes, tengo un derrame en el ojo, no puedo ni comer de la inflamación que tengo en la mandíbula y varias raspaduras”.

Además, en el mismo posteo detalló que gracias a que pasó un vehículo registrando la situación le dejaron de pegar. “El mismo policía dijo que no me pegaran más porque lo estaban filmando”, remarcó Rodas. Posterior a la golpiza, las fuerzas represivas se llevaron al joven detenido.

Tal y como lo venimos denunciando desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, no se trata de un policía, sino de una fuerza descompuesta y misógina. Por eso no extraña que el 13% de los femicidios registrados en el último año sea en manos de agentes de las fuerzas de seguridad.

Del mismo modo, la impunidad con la que se maneja la policía de Córdoba es el resultado del empoderamiento estatal que le permite reprimir a discreción. El Código de Convivencia del intendente Martín Llaryora y el gobernador Juan Schiaretti es una herramienta represiva dispuesta para regimentar a los sectores populares, en particular a la juventud.

Por eso, para terminar con la represión estatal nos tenemos que organizar independientes de los gobiernos. Desde el Frente de Izquierda Unidad rechazamos el ajuste y la represión. Basta de abusos policiales, juicio y castigo a los responsables.