La Cámara de Acusación de la Justicia de Córdoba resolvió por unanimidad sobreseer a lxs dirigentes del Partido Obrero, Emanuel Berardo, Soledad Díaz García y otros luchadores imputados por movilizarse contra el hambre el pasado 5 de abril de 2023 en el marco de una jornada de lucha de la unidad piquetera.

En este marco, los dirigentes sobreseídos del Partido Obrero, acompañados de referentes de organizaciones sindicales, piqueteras y políticas brindarán una conferencia de prensa para brindar detalles de este importante fallo de la justicia en la provincia. La convocatoria será en Plaza San Martín a las 11 horas del 24 de abril.  

El fallo emitido por los integrantes de la Cámara, Maximiliano Octavio Davies; Carlos Alberto Salazar; Patricia Alejandra Farías se centra en garantizar el derecho a la protesta y a peticionar contra las autoridades, y expresa abiertamente que marchar no constituye delito, como fueron sosteniendo los fiscales adictos al gobierno y todas las fuerzas políticas patronales desde Milei al PJ de Llaryora y Schiaretti pasando por la UCR y el PRO. Además, en la mencionada resolución judicial, son los propios jueces los que indican que se debe denunciar a los responsables de esta persecución política que no son otro que los fiscales, la policía y el propio gobierno, tal cual fue denunciado por la representación jurídica de los doctores Claudia Ferrero y Jorge Navarro.

Cabe recordar que el fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón, llevó a cabo una investigación arbitraria con la que armó una causa en contra de seis luchadores que constituía una persecución política por cuenta y orden del poder político.  Así las cosas, la causa era un tiro por elevación contra toda la lucha obrera y popular.

En la causa se realizó espionaje de los voceros de las organizaciones perseguidas, y se intentaba juzgar el legítimo reclamo de peticionar a las autoridades. El fiscal pretendía elevar a juicio a quienes luchan contra el hambre y la pobreza. Un escándalo.

Al respecto, Emanuel Berardo declaró: “este fallo confirma nuestra denuncia con relación a una causa armada y sin pruebas, cuyo único objetivo fue el de atacar la creciente movilización popular mediante la criminalización de la protesta social. Este intento fallido del poder político de Llaryora, en línea con el gobierno nacional de Javier Milei, ha fracasado en vistas de que con la agudización del ajuste y la pobreza cada vez más sectores salen a la lucha callejera. Finalmente logramos dar vuelta lo que pretendía ser un tiro por elevación a todos los que luchan en la provincia, y convertirlo en un precedente jurídico de que luchar es un derecho”. 

Por su parte, Soledad Díaz expresó: “no perdemos de vista que en esta causa injusta la justicia provincial ha actuado por cuenta y orden del gobierno provincial, desvirtuando pruebas, sesgando el derecho a la defensa e incluso operando con mecanismo de espionaje al interior de organizaciones sindicales, piqueteras y políticas. Por eso este fallo que ratifica el derecho básico constitucional a la protesta social y a peticionar ante las autoridades es un triunfo de la movilización popular. Es el camino que llamamos a reforzar para enfrentar el plan de ajuste de Milei y sus cómplices en los gobiernos provinciales, pero también para defender las libertades y garantías constitucionales indispensables en la etapa de grandes luchas que avizoramos”.

Así las cosas, la causa denominada “Berardo, Emanuel y otros p.ss.aa. Impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos, etc.”, una clara posición de criminalización de la protesta, no se pudo sostener. El Polo Obrero, a pesar de la persecución, continuó dando pelea contra el hambre y la pobreza, dando cuenta que la mejor defensa fue la continuidad de la lucha, de manera independiente.

El mencionado fallo es un revés para la política de criminalización de la protesta que practican quienes gobiernan. Con ese impulso está en curso una gran marcha y acto por el 1 de Mayo, bajo la consigna: “Fuera Milei y Bullrich, plan de lucha”.

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