Jornadas atrás se dio a conocer un nuevo “Protocolo de Actuación policial para el Uso Legal y Racional de la Fuerza”. El mencionado texto está colmado de contradicciones con la realidad de la policía provincial. Ya desde su introducción se marca el contexto y la dirección que tiene el gobierno de la provincia para con la institución policial, a la que se pretende rescatar de una profunda descomposición.

Entre los objetivos del protocolo están: ‘‘brindar los más altos estándares en materia de seguridad laboral para el personal policial y el resguardo de los Derechos Humanos de la ciudadanía’’. Es necesario tomar el protocolo siguiendo los antecedentes de las fuerzas de (in)seguridad, el protocolo sería “lo nuevo”, mientras la Policía que lo aplica seguirá integrada por el mismo personal. La remoción de la cúpula policial de la provincia no altera esta realidad.

El protocolo

El cuestionado ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, planteó que el gobierno seguirá el modelo canadiense donde el policía deberá tener en cuenta el modo circular del uso de la fuerza: evaluar, planificar, actuar. En la evaluación los efectivos deberían incluir incluso valoraciones éticas-jurídicas además de las tácticas para proceder a la planificación y acción.

Las directrices para el uso de arma de fuego, publicadas en el Art 12 no agregan nada que no se haya dicho, se expresa “el principio de “protección de la vida” exige que, en caso de duda, el personal policial no haga uso de sus armas de fuego”. También se subraya que “si las circunstancias lo permiten, el personal policial deberá, antes de su utilización, identificarse y anunciar que utilizará el arma de fuego.

Además se sostiene que “la utilización del arma de fuego será justificada cuando, conforme a las exigencias del presente protocolo en cuanto al nivel de resistencia y el nivel de fuerza a aplicar, se determine que existe un peligro grave, inminente y actual para la vida del personal policial y/o de terceros.”

Es decir se repite el deber de anunciar que usará arma. Y que el uso estará justificado si se enmarca en protocolo, en nivel de resistencia y peligro grave para la vida del personal o de terceros.

En el Art. 16 se expresa enfoque dinámico del que plantea “el modelo circular del uso racional y progresivo de la fuerza es dinámico, lo que implica que los niveles de agresividad y/o resistencia van a ir variando y en base a ello hará lo propio el nivel de fuerza que aplicará el personal policial. No debe perderse de vista que todos los actos del personal policial están orientados a producir el desescalamiento o disminución de los niveles de resistencia y agresividad, dentro de los parámetros legales establecidos para la legítima defensa propia o de terceros y dentro del respeto de los derechos humanos de todas las personas intervinientes”.

Con lo que ha demostrado la policía en los últimos meses no podemos menos que dudar de la posibilidad de que los uniformados lleguen a actuar, y razonar de tal manera. Además, a lo largo de su articulado el protocolo legisla una serie de cuestiones relativas al uso de la fuerza: los principios, legalidad, último recurso, progresividad, valor supremo de la vida, rendición de cuentas. Todos elementos que ya existían previamente.

Sin embargo para el gobierno lo plantea como algo superador, sosteniendo en los fines del texto: ‘‘Proteger y defender a las personas, los bienes públicos y privados, lograr el control de quien se resista a legal aprehensión, restablecer el orden público, mantener la seguridad y convivencia pacífica de la ciudadanía, preservar la escena de un hecho delictivo’’. Una vergüenza que se reitere eso ¿Cómo un agente puede salir a la calle sin ese conocimiento?

También figura entre los deberes de informar: “a los familiares y amigos en casos de daño a la integridad física y psíquica” y a la autoridades y al tribunal de conducta elevando un informe sobre el uso de armas de fuego.

Las críticas al protocolo no tardaron en llegar. Familiares victimas de gatillo fácil plantean que es incluso una burla con ellos como declaró Soledad, mamá de Blas Correa. Además, con este protocolo finalmente le terminan dando incluso más facultades a la Policía, porque incluso establece la posibilidad del uso de las pistolas taser para no solo matar sino torturar.

El protocolo recibió críticas desde diferentes ángulos e intereses. El exministro de Seguridad y especialista Eduardo Capdevila definió en Radio Mitre que “es un conjunto de vaguedades y generalidades que no tienen ninguna operatividad”.

En tanto que la Coordinadora del Programa de Seguridad y DD.HH. de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, Valeria Plaza, dijo a Cba 24 que el protocolo es “adecuado” y era necesario porque al tratarse de una profesión que utiliza armas de fuego, “debe estar lo más reglamentado posible”.

En la mencionada nota, Plaza dice que “lo más importante qué tipo de control político, administrativo y judicial se va a implementar para que este protocolo no sea solo un anuncio”. Esta lectura marca los límites insalvables del progresismo universitario. Justamente porque si hay policías del gatillo fácil es porque hay un poder político y judicial que son parte del problema.

Desmantelamiento del aparato represivo

El protocolo no altera la realidad objetiva en materia represiva en córdoba, ni la práctica del accionar policial en la provincia con casos de gatillo fácil, robos, narcotráfico, encubrimiento. Por eso, constituye una lavada de cara de un régimen en descomposición.

Porque a la luz de los gravísimos hechos es claro de que estamos frente a un aparato represivo descompuesto que no admite un protocolo que lo salve, de lo que se trata es de proceder a su desmantelamiento, y crear un cuerpo de seguridad ciudadana, no represivo, sobre la base de una transformación social de conjunto.

Ante la escaldad represiva y los casos de gatillo fácil, somos claros, no hay democratización o protocolo que valga, las fuerzas represivas del Estado deben ser desmanteladas y solo con la movilización popular independiente gobiernos podremos arrancar el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales. Justicia para las víctimas de la policía, gatillo fácil nunca más.