En la comisaría de Juárez Celman, una localidad ubicada 20 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, efectivos de la policía eran parte de una red de venta ilegal de vehículos secuestrados por la propia fuerza pública. Por estos días se conoció esta información, que echa claridad sobre el hecho de que el crimen y delito organizado se desarrolla con participación policial.

Hasta el momento la causa tiene varios sospechosos y pocos detenidos. La Voz del Interior publicó una conversación entre una policía y una de las víctimas de este modus operandi:

-Buenas. Vengo por lo de la moto. Conseguí la plata y vengo a retirar la moto…

–¿Señor?

–Que vine por la moto, la que me habían secuestrado en la calle. La necesito para volver a trabajar. Me la sacaron por no tener casco. Pero ya conseguí la plata.

–¿Qué plata, señor?

–La plata. Los 2.500 pesos que me pedían para devolvérmela…

La agente no comunicó el dato a los jefes de la comisaría, se dirigió a otras instancias, que iniciaron la investigación por la cual hay pocos detenidos ¿Policía bueno y policía malo? No, un aparato represor criminal.

El hecho sucedió hace ya dos años y la causa se encuentra en la Justicia, producto de la investigación y las declaraciones se puede afirmar que estos hechos son parte de una red policial delictiva que vendía motos que habían sido secuestradas en controles y en allanamientos truchos. Pero no solo se limitaba a los automotores, también se comercializaban celulares y otros objetos robados.

Según los propios policías que fueron declarando en la causa, los traslados de los objetos robados o secuestrados para la venta ilegal se hacían en los propios móviles de la policía y bajo las órdenes del comisario. “Era algo obsceno. Y todo pasaba porque estaban dadas las condiciones para que eso pasara”, comentó una fuente judicial. Como se ve en este caso, el principal factor de inseguridad tiene a elementos del Estado en toda la cadena delictiva.

Esto toma estado público ahora, en momentos en que la crítica a las fuerzas de (in)seguridad se agudizó tras el asesinato de Blas Correas. Tal vez a los efectos lavar la cara a fuerza. Pero es claro que la inseguridad tiene en el aparato policial un engranaje clave, involucrada en desarmaderos de autos y motos, en las zonas liberadas, contrabando y juego clandestino, trata de personas y narcotráfico. Como garante del circuito criminal, la policía cuenta con verdaderas cajas negras. Todo ello es aprovechado para reforzar la regimentación social y el control sobre la juventud.

La salida a este cuadro represivo, que impulsan los gobiernos capitalistas para pasar el ajuste, solo puede venir de la mano de la organización de los trabajadores y  la juventud independiente del Estado y sus gobiernos. En ese camino es que se desarrollará una semana de lucha y movilización del 5 al 8 de octubre, votada en el masivo plenario nacional antirrepresivo que agrupó a familiares y amigos de víctimas del gatillo fácil, organizaciones sociales y políticas de todo el país. Apostamos a reforzar este camino de lucha.