El gobernador Martín Llaryora y su flamante ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, presentaron este miércoles en la Unicameral un proyecto de ley de seguridad. La “reforma”, el ‘‘Sistema integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana’’, plantea cambios concretos: crea nuevos cuerpos de seguridad dependientes de las municipalidades y de la policía. Además, propone las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, las que utilizarán armas “menos letales”. Se articulará con el sector privado en materia de seguridad, teniendo acceso a las cámaras privadas y pudiendo las empresas de seguridad utilizar estas armas. Es decir, la norma es un reforzamiento y privatización de la seguridad provincial.

En la presentación de la Ley, el gobierno afirma que la lucha contra el narcotráfico será ‘‘una cuestión de Estado”. Para eso, se crearán nuevas fiscalías especializadas en narcotráfico, entre las 21 nuevas fiscalías que funcionarán en la próxima etapa, y se estipula un “narcotest” para los funcionarios públicos provinciales. En esta línea plantean una coordinación con el gobierno nacional, particularmente con la ministra Patricia Bullrich.

Sin embargo, históricamente, funcionarios del Estado, la Policía, las fuerzas federales y la justicia, se han inmiscuido directamente en el negocio de la droga y toman una actitud ‘‘laissez faire’’  con los punteros de drogas en los barrios. Por ejemplo, Jessica Rovetto Yapur, concejal de la ciudad de Córdoba (por la lista de Rodrigo De Loredo), no esclareció la denuncia de su pareja Lucas Luciano Agüero, procesado en una causa que lo investiga como miembro de una banda narco.

Se han hecho innumerables reformas y protocolos en la provincia, se han aumentado los presupuestos. Pero la violencia de género, los robos y hurtos, el narcotráfico y la criminalidad juvenil aumentaron.

Por qué es una reforma reaccionaria

El proyecto de Ley ataca, como las reformas del último período, el efecto y no la causa de la crisis de seguridad. Una reforma de seguridad debe atacar las usinas del crimen organizado, pero la propuesta de Quintero no menciona medida alguna para abordar, y terminar con el lavado de dinero de las bandas narco, ni mucho menos sienta las bases para controlar a quienes no controlan, es decir las fuerzas de (in)seguridad. Cabe tener en cuenta que recientemente detuvieron al ex jefe de seguridad de la Cárcel de Bower, acusándolo de asociación ilícita. Tampoco se toma medida alguna contra la casta judicial y política.

El PJ, que repetía que “la inseguridad es hija de la marginación y la pobreza”, tampoco toma medidas para solucionar la desocupación, la precarización laboral, la falta de acceso al alimento, al transporte y la vivienda, la pobreza provincial que creció en la última etapa.

La inseguridad viene desde arriba

La inseguridad es el producto de un régimen descompuesto que degrada las condiciones de vida de la población cordobesa. Es necesaria una transformación desde las bases, para terminar realmente con el crimen organizado.

Pero el proyecto de Ley de Quintero y Llaryora no terminará con el entrelazamiento de la casta política y judicial con el narco. La medida apunta a reforzar todavía más un aparato represivo descompuesto, que hace la vista gorda al crecimiento del narco en las barriadas populares.

La criminalización de la protesta, una política de Estado

El ajuste tendrá una reacción social. Pasó en los países que llegaron a crisis de deuda menores a la nuestra. Bullrich con su inconstitucional protocolo antipiquetes será la responsable nacional. Y si el ministro Quintero sigue la misma línea será una de los responsables políticos de esa represión a nivel local, con la que pretenden imponer un plan de guerra contra lxs trabajadores.

En este marco, el ministro declaró: “Con respecto a la conflictividad social…Yo no reniego de los sectores sociales que salen a protestar, en orden y en paz. No vamos a tolerar hechos de violencia. Vamos a garantizar el derecho a protesta, está amparado legalmente… Pero aquel que quiera llegar a su lugar de trabajo… abrir su negocio…desarrollar su actividad con libertad, nuestro compromiso y obligación es que también lo pueda hacer”.

Con el argumento señalado, la justicia afín al PJ ya viene criminalizando la protesta social. Es una política para perseguir, disciplinar y reprimir la protesta, las demandas de la sociedad, que el gobierno ya aplica hace años. Fueron los mismos fracasos y tragedias de esa política las que provocan esta reforma. La imputación a referentes del movimiento piquetero es previa a esto. Ministro: las protestas en Córdoba, surgen precisamente por la demanda de trabajo genuino, salario y alimento, vivienda, y libertades democráticas.

En conclusión, existe un programa de salida que debe iniciar con la elección y revocación popular de jueces y fiscales, investigar el lavado de activos para terminar con los negocios de narcos y banqueros, trabajo genuino, educación y vivienda. Para desmantelar un aparato represivo que sirve a los intereses del crimen organizado y formar una nueva fuerza de seguridad, controlada por la población y los organismos de derechos humanos.

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/el-protocolo-inconstitucional-de-bullrich-contra-el-derecho-a-manifestarse

https://prensaobrera.com/politicas/el-plan-motosierra-es-un-mazazo-contra-el-pueblo