En la provincia de Santiago del Estero las movilizaciones contra la impunidad no han terminado. Desde hace dos semanas son constantes las marchas de los familiares y amigos, y de la sociedad en su conjunto, para pedir el esclarecimiento del asesinato por gatillo fácil del joven Ezequiel Melían.

 

Los recorridos de las movilizaciones apuntan tanto a los responsables materiales como políticos de dicho crimen; los puntos de referencia para el escrache fueron: la Unidad Regional Nº 2 (que era responsable del operativo), la Municipalidad de la ciudad de La Banda y, por último, se llegó a la casa de Gobierno. El canto que acompañaba a la movilización es por demás ejemplificador de la realidad que se vive en la provincia con respecto al accionar del aparato policial: “ Ay, ay, ay, ay, qué risa que me da, la nueva policía se parece a Mussa Azar”.

 

Cabe destacar la actitud de los familiares de Ezequiel, que a pesar del dolor mantienen un espíritu de lucha constante y la no confianza en los organismos estatales, los cuales intentan apagar el proceso. Esto llevó a los familiares a contratar un perito para llevar una investigación independiente del hecho.

 

En la jornada última, del día viernes 28, se realizó un intenso escrache al Juzgado del Crimen de 2ª nominación a cargo del juez Migueles, en la ciudad de La Banda, porque a pesar de que el fiscal presentó la prueba balística que daba la responsabilidad a la policía, se negaba a ordenar la detención de los mismos. Ese mismo día tuvo la caradurez de presentarse con el intento de salvar a los asesinos policiales y al subjefe Ibarra, quien fue repudiado totalmente por todos los manifestantes. Luego del intenso repudio se consiguió como primera victoria que se disponga la detención de 11 policías involucrados en el operativo.

 

Durante las horas del escrache los manifestantes nos percatamos de la presencia de cuadrillas de policías de civil al lado de vehículos particulares y ambulancias apostadas en las inmediaciones del juzgado con el propósito de tomar a los manifestantes para detenerlos mediante el secuestro. Esto nos demuestra la vigencia del Estado policial heredado desde el juarismo, que el gobernador Zamora mantiene intacto y al que manda mayores partidas presupuestarias para su reorganización y adquirir el equipamiento destinado al entrenamiento antimotines de los grupos tácticos.

 

Desde el Partido Obrero participamos desde el principio en dicho proceso y apoyamos incondicionalmente a los familiares de las víctimas. Tenemos que seguir movilizándonos ante este paso importante de la detención, para que haya un efectivo encarcelamiento y castigo a los responsables del crimen. No habrá solución definitiva si no desmantelamos los aparatos represivos que este gobierno alimenta para crear temor y presión sobre las barriadas y la población en general. La responsabilidad política debe ser tomada como un eje en el reclamo de justicia.

 

• Prisión y castigo efectivo a los responsables materiales.

 

• Desmantelamiento del aparato represivo.

 

• Que la paguen los responsables políticos.