Un pedido de informes al fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias de la Provincia, realizado por la senadora Gabriela Cerrano, arrojó como respuesta un crecimiento substancial de causas por apremios ilegales, vejaciones y torturas. El fiscal Gustavo Vilar Rey respondió que, en 2012, se registraron 774 causas, en 2013 se duplican, con 1.474 en toda la provincia.

Tener cifras tan altas de apremios ilegales y torturas que cometen las fuerzas policiales da cuenta del carácter represivo del gobierno de Urtubey, muchas de estas violaciones a los derechos humanos se producen con la figura de la detención por averiguación de antecedentes y de las razzias que se llevan adelante en los barrios. De las 400 denuncias de 2011, sólo dos recibieron condena. Tres años después se cuadruplicaron los casos. Día a día se suceden nuevos casos de gatillo fácil que son disfrazados como enfrentamientos o suicidios en las celdas de las comisarías. Las torturas en Güemes, que salieron a luz a través de un vídeo, no son un caso aislado sino la regla. La tortura y los apremios son el método para disciplinar a la población y también un método para desviar una investigación y fabricar culpables, como ha quedado expuesto en el juicio por el crimen de las francesas.

Urtubey ha reforzado el poder de la Policía, además de la figura de averiguación de antecedentes. Este año se aprobó el nuevo Código Procesal Penal en el que habilita que la fuerza pueda allanar sin orden judicial con la sola presunción de que se está cometiendo un delito.

Se refuerza toda la logística del aparato represivo, un promedio de 600 efectivos más cada año, cámaras y móviles para supuestamente cuidar a la población. A todo esto crecen todos los delitos más graves como trata de personas, el narcotráfico y las zonas liberadas para que actúen los delincuentes.

Con todo esto, queda claro que la policía salteña es eficiente sólo a la hora de reprimir a la población y a las luchas sociales. Más que nunca es necesario el desmantelamiento del aparato represivo, este tipo de fuerza es incapaz de cuidar la seguridad de las personas.

Gabriela Cerrano,
senadora provincial