Los establecimientos penitenciarios de Coronda y Las Flores, Santa Fe, fueron el puntapié de una rebelión que se extendió a otras cárceles del país, particularmente de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y que nuevamente despertaron las alarmas sobre las condiciones infrahumanas en las que se vive en esos establecimientos. La crisis del coronavirus y las políticas deshumanizantes del Estado, han colocado a quienes cumplen sus condenas, y quienes son privados de su libertad, en un callejón sin salida: o la muerte por las condiciones sanitarias o revueltas aplacadas con el fuego del aparato represivo.

Los penales de Coronda y Las Flores fueron el origen de las primeras manifestaciones, el día lunes, con el reclamo de que se cumplan las medidas sanitarias dispuestas para todo el país en los establecimientos carcelarios. Estas fueron sofocadas con la intervención represiva de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía santafesina y el Grupo de Operaciones Especiales (GOEP) del Servicio Penitenciario. Los informes oficiales hablan de 5 muertos en “enfrentamientos entre los propios presos”, sin embargo el hermetismo de las comunicaciones y las denuncias de los propios reos hace pensar de que la cifra es aún mayor (se habla de hasta 20 muertos) y de que el Estado respondió con balas de plomo al reclamo de mejores condiciones sanitarias.

Desde las fuentes oficiales trataron de disminuir la cuestión reduciéndola a una pantalla de humo para intentar una fuga masiva, o a internas entre los propios bandos de los presos; incluso a una medida de desestabilización del sistema penitenciario de la provincia. Sin embargo, rápidamente este fenómeno se trasladó a otras cárceles como la alcaidía de Batán (Mar del Plata), la unidad 54 de Florencio Varela, el penal 7 de Resistencia (Chaco) y el penal 4 de Concepción del Uruguay (Entre Ríos). En la cárcel de Villa Devoto también se manifestaron reclamos de los presos.

Guetos de la muerte

El reclamo de los presos es más que elemental. Denuncian que en los establecimientos penitenciarios no se cumple ninguna medida de prevención sanitaria; el personal policial, profesional y de enseñanza no utiliza medidas de seguridad para evitar el contagio, ni se realizan controles médicos sobre los mismos; se han detectado casos de personal que proviene de vacaciones en el exterior, en sitios con un alta de tasa de contagio, y que no han realizado la correspondiente cuarentena. 

Los presos denuncian que no se cumplen los protocolos de emergencia y que a ellos tampoco se les brinda ningún elemento. Tampoco existe ninguna política para la población en situación de riesgo, tanto porque su edad supera los 60 años o porque cuentan con enfermedades preexistentes, muchas de ellas contraídas en las propias cárceles.

Uno de los disparadores del conflicto fue la suspensión de salidas transitorias y particularmente de las visitas, lo que trajo aparejado el bloqueo de los ingresos de los alimentos que reciben los presos de parte de sus familiares: insumo fundamental, si se tiene en cuenta que el servicio alimentario de las cárceles va de malo a inexistente.

Las cárceles son uno de los lugares más propicios para que un brote de contagio del coronavirus haga estragos. Se trata de lugares donde la población carcelaria vive hacinada, sin cuidados sanitarios, en instalaciones venidas abajo, con alta presencia de humedad. Allí proliferan enfermedades infecciosas y los presos son sometidos a un trato deshumanizante donde se le quita toda relevancia a su palabra. Un caso de contagio tardaría semanas en declararse debido a que los controles médicos son insuficientes y superficiales.

Un informe elaborado anualmente por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), respecto a las condiciones penitenciarias en la provincia de Buenos Aires, revela que a los presos se les niega la condición de paciente, menospreciando su padecimiento: “Los espacios de atención tienen una estructura edilicia deteriorada y, generalmente, hay déficit de limpieza y orden, y mucha humedad”. Se señala que escasean los insumos y recursos médicos y que en la mayoría de los casos la atención hospitalaria extramuros es negada por las autoridades de los penales. No hay suficiente provisión de medicamentos y la alimentación es pésima. La tuberculosis –enfermedad vinculada a carencias alimentarias, nutricionales y a un deplorable hábitat- es en exceso común entre los presos, lo cual convierte a gran parte de la población carcelaria en personas de riesgo frente a la pandemia.

Los presos son conscientes de esta realidad. En las negociaciones que mantuvo un sector de ellos con las autoridades del penal de Coronda, estas les manifestaron que “no va a haber camas ni cupos en los hospitales si entra el virus. ¿Qué va pasar con nosotros? ¿Nos van a dejar morir adentro?” (Clarín, 24/3).

Los establecimientos penitenciarios son hoy el lugar de cultivo para la propagación de enfermedades infecciosas y de alto contagio, pero también el origen de manifestaciones y rebeliones. Entre los presos prima la idea de que no tienen nada que perder. Se debe atender inmediatamente los reclamos de las personas privadas de su libertad, así como abrir una investigación sobre el accionar policial y las reales consecuencias de los distintos operativos represivos. Debe garantizarse alimentos, medicamentos e insumos sanitarios a todos los establecimientos; que se activen los protocolos sanitarios; desinfección continua de los espacios de uso común; por una atención sanitaria digna y acceso a testeos y pruebas médicas; cuidados especiales para la población de riesgo. Una comisión con organizaciones de derechos humanos y asociaciones de detenidos debe velar porque se cumplan todas estas demandas.