En vísperas del 24 de marzo, Cristina Kirchner participó del encuentro “Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia” que se realizó en el CCK. Allí, la vicepresidenta sostuvo: “Nos hacen pagar el avance en los derechos humanos. Se encarnizan conmigo por lo que hicimos”, haciendo alusión a las políticas aplicadas en dicha materia por parte de su gobierno y del de Néstor Kirchner.

El kirchnerismo se jacta de haber iniciado su mandato con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en 2003, lo que para sus adeptos mereció la calificación de “victoria democrática”. En realidad, esto fue una reacción para eludir los pedidos de extradición de los genocidas por parte de la justicia de España para ser juzgados allí.

Recién dos años después, la Corte Suprema resolvió la anulación de los indultos de Menem, que beneficiaban a militares planteando que los “crímenes de lesa humanidad eran imprescriptibles”. Sin embargo, el fallo se limitó a habilitar la posibilidad de reabrir procesos judiciales en curso, los cuales fueron llevados adelante a cuenta gotas. Por eso, solo llegó a ser condenada una porción menor de los genocidas, ya que en la mayoría de los casos los juicios fueron retomados o culminaron luego de la muerte de los acusados. Una impunidad biológica.

En 2006, el de Etchecolatz fue de los primeros juicios llevado adelante, el cual incluyó la desaparición de Jorge Julio López, uno de los principales testigos. Esto demostró que la fuerza represiva del Estado democrático también estaba integrada por efectivos que habían formado parte de las fuerzas armadas de la dictadura.

El gatillo fácil, las torturas en las comisarías, las zonas liberadas y el regenteo del delito fueron moneda corriente en la fuerza policial, y todos los gobiernos han garantizado su impunidad en estos delitos, es el caso por ejemplo de Luciano Arruga.

Sin ir más lejos, hoy la vicepresidenta forma parte del mismo gobierno que autoriza la incorporación de pistolas Taser al aparato represivo, que desaloja y apresa mapuches y familias sin techo, y que criminaliza la protesta social para avanzar contra quienes luchan contra sus políticas de hambre y miseria. A su vez, el kirchnerismo busca apropiarse del 24 de marzo, intentando imponer la consigna “contra las mafias” para utilizar la fecha en favor del proceso judicial de CFK, una rosca totalmente ajena a los intereses de los familiares y víctimas de la dictadura que marchan cada año.

Sobre este tipo de políticas reaccionarias es sobre las que se apoyan los facistas y negacionistas de Milei y Espert, promoviendo brigadas antipiqueteras y pidiendo cárcel o bala a quienes se movilizan, buscan explotar el hartazgo con el fracaso de la democracia capitalista.

El 24 es una jornada de lucha, y vamos a defender una movilización contra el ajuste, la represión y la impunidad de ayer y de hoy. Vamos contra el ajuste pactado por el gobierno y el Fondo Monetario, contra la criminalización de la protesta social  y en defensa de estas causas populares que nos colocan en la vereda de enfrente del gobierno nacional y de Cristina Kirchner.

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/comienza-la-jornada-nacional-de-lucha-por-la-libertad-de-lorena-y-martin