La represión y muerte que están recorriendo por estos días los titulares de los medios chaqueños y nacionales son el reflejo de las constantes acciones del gobierno para expulsar de sus tierras al campesinado. Diez mil trabajadores campesinos son echados de sus tierras anualmente, confinados a villas de emergencias o asentamientos. Detrás de estos casos se encuentran los negociados con la venta de tierras fiscales a precios miserables, aquellas donde viven las comunidades originarias.

El crimen de Imber Ilbercio Flores, el niño Qom miembro de la comunidad originaria Qompi Naqona'a, asesinado a golpes el pasado sábado en la localidad de Villa Río Bermejito, a 269 kilómetros de Resistencia, es otro ejemplo de la perpetración de acciones criminales por parte de grupos de choque armados con las que convive el campesinado. La víctima tenía 12 años y su cuerpo estaba tan desfigurado que ni su madre pudo reconocerlo. Esto se da en el marco del conflicto entre criollos y originarios Qom por las tierras del Bermejito, allí donde el gobierno de Capitanich mantiene un negociado de la madera con la cúpula de la asociación indígena Meguesoxochi y los empresarios forestales ligados a la firma Veta Noble. Aprovechan los enfrentamientos para seguir deforestando salvajemente y de manera ilegal (en el último año se sacaron más de un 1,5 millón de toneladas de algarrobo), y preparan el terreno para la siembra, ya que son 150 mil hectáreas, rodeadas por los ríos Teuco y Bermejo que propician un riego natural anual que beneficia la explotación silvopastoril (más soja).

Otro reflejo del apartheid que está sufriendo el campesinado es el intento de homicidio de los habitantes de la reserva aborigen "Raíz Chaqueña", en Pampa del Infierno, a quienes les envenenaron los pozos de donde bebe agua la comunidad y los animales que crían: "por suerte tomaron agua los chanchos primero y murieron inmediatamente ‘…' nos salvamos de milagro, pero con 40° de calor ya hace días que no tenemos agua y el pozo más cercano se encuentra a 50 km de aquí", explicaban a los medios los hermanos Leiva, voceros de la comunidad, quienes acusan directamente a los empleados de la empresa agropecuaria cordobesa Bajo Hondo. La empresa asegura haber comprado las 5.000 hectáreas de la reserva y ya ocupó la mitad con el silencio cómplice del gobierno, ya que si bien la justicia cordobesa y un juez de Presidente Roque Sáenz Peña (Zaloff Dakoff) fallaron a favor de Bajo Hondo, no se pudo inscribir en el Registro de Propiedad chaqueño porque esa transferencia contradice toda la legislación vigente sobre la propiedad comunitaria de las tierras de los pueblos indígenas. Luego de la sentencia de Dakoff (magistrado cuestionado y sobre quien pesa ya un jury de enjuiciamiento por fallos no siempre claros) a su favor, Bajo Hondo Agropecuaria ocupó los predios que había adquirido y desalojó violentamente a sus pobladores, además de destruir las precarias instalaciones que poseían y de colocar custodios armados para evitar el ingreso de las familias desplazadas.

Así el kirchnerismo reconstruye la burguesía en el norte argentino.