Los actuales juicios por los delitos de la dictadura genocida forman parte de una cadena de marchas y contramarchas, cuyo punto de partida fue la ley de autoamnistía dictada por la última junta militar en las vísperas de la asunción de Raúl Alfonsín.

 

El juicio y castigo era un clamor popular en ascenso, que afectaba la “transición democrática” pactada entre los principales partidos patronales y los militares y auspiciada por el imperialismo. El gobierno radical intentó encausar el juzgamiento de los genocidas -de la cúpula de la dictadura- a través de los tribunales militares. Pero la maniobra fracasó por la resistencia de los milicos.

 

Para intentar contener la movilización democrática de masas, en 1985 el gobierno instruye el llamado Juicio a las Juntas. Fueron juzgados sólo los doce integrantes de las cuatro juntas militares que encabezaron la dictadura. Las penas fueron un revés para las expectativas democráticas de las masas: los jueces condenaron a prisión perpetua solamente a Jorge Videla y Emilio Massera; Roberto Viola fue condenado a 17 años de prisión y Lambruschini y Agosti a 8 y 4 años, respectivamente. Galtieri y Anaya fueron absueltos. La cuarta junta militar ni siquiera fue procesada. La “teoría de los dos demonios” del alfonsinismo estaba en su apogeo.

 

Luego del alzamiento carapintada de Semana Santa, Alfonsín y todo el arco de partidos del sistema firmaron el Acta Democrática del 19 de abril de 1987 junto a Aldo Rico, donde cedieron a sus presiones y se reivindicó la doctrina de la obediencia debida -que había sido formulada por Alfonsín mucho antes de los acuartelamientos. El Partido Obrero fue el único que desde el vamos se negó a asistir a las reuniones con el gobierno radical, rechazó la firma del “acta democrática” y denunció la capitulación del alfonsinismo y todos los partidos.

 

Este acta, que velaba por “el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado” fue el origen de las leyes de Punto Final y Obediencia debida.

 

La sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sellaron la política oficial de desmoralizar a quienes se movilizaban contra la impunidad. La masacre de La Tablada sellaría con sangre el rabioso militarismo del gobierno alfonsinista. Los indultos de Menem -entre 1989 y 1990- fueron la conclusión de ese operativo político. Los militares se reciclaron en democracia, fundaron sus propias empresas, ofrecieron sus servicios a distintos grupos capitalistas o simplemente se retiraron.

 

Sin embargo, la movilización popular no cesó y comenzaron a llegar del exterior los pedidos de extradición de represores por casos que afectaron a extranjeros o a compañeros con doble ciudadanía. El gobierno de la Alianza se negó a autorizar las extradiciones y las presiones judiciales harían eclosión durante el gobierno de Néstor Kirchner. Sólo frente ante los pedidos de Baltazar Garzón y a 30 años de los hechos, el régimen accedió a que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con el expreso pedido del kirchnerismo de eliminar del proyecto de ley la anulación de los indultos, lo que hubiera significado el inmediato encarcelamiento de Videla y compañía. El objetivo era garantizar que los represores fueran juzgados en el país a manos de la Justicia que sancionó la “continuidad jurídica” entre regímenes constitucionales y militares y con la asistencia de sus “camaradas de armas”. Esta capitulación política fue el mal menor que Néstor Kirchner decidió soportar ante la crisis de envergadura que significaría la extradición masiva de militares.

 

Los juicios en la actualidad

 

A 40 años del golpe, las cifras oficiales hablan de unos 1.500 genocidas procesados y se dictaron unas 400 sentencias -de las cuales sólo 104 fueron ratificadas por la Corte Suprema de la Nación.

 

Estas cifras son escurridizas, porque en casi todos los juicios se repiten los acusados (Luciano Benjamín Menéndez, por ejemplo, tiene en su haber más de 16 sentencias, por ejemplo).

 

Del universo de condenados, más del 40% goza del beneficio de prisión domiciliaria sin custodia.

Se mantienen bajo siete llaves los archivos de la dictadura. El kirchnerismo simuló “aperturas” con informaciones que ya eran conocidas hace mucho, sin afectar a los servicios de inteligencia del Estado, celosamente custodiados durante su mandato por dos personajes con actuación bajo la dictadura: “Jaime” Stiuso (Side) y César Milani (inteligencia militar). Las pruebas de los juicios son aportadas fundamentalmente por sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos.

 

Estos juicios marchan lentamente. Las víctimas sobrevivientes deben declarar una y otra vez en calidad de testigos y, mientras tanto, esperar años para que se juzguen sus propios casos, de tal modo que nuestro compañero Pablo Rieznik falleció antes de que su secuestro y torturas fueran juzgadas por un tribunal, a pesar de que declaró, en 2009, como “testigo” en el marco del juicio Atlético Banco Olimpo, donde estuvo secuestrado. En el caso de

Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo (LF), declaró por primera vez por la desaparición de su hijo, por petición de Apel de realizar una declaración anticipada. Para llegar a esta instancia tuvo que esperar 39 años desde la desaparición y 10 desde la reapertura de los juicios. Durante los debates, siguen apareciendo nuevos nombres de compañeros que estuvieron en los distintos centros clandestinos. Los casos de nuestros compañeros de Política Obrera Marcelo Arias, Gustavo Grassi y Fernando Sánchez, llegarían a juicio recién en 2018. La impunidad está lejos de haber terminado.

 

Las condenas sobre los represores por privación ilegítima de la libertad representan el 32%; por torturas, el 26%; por homicidios, el 16%. Sin embargo, las condenas por apropiación de menores representan apenas el 6%, y por delitos sexuales el 4%. De las mujeres secuestradas, el 16,2% estaban embarazadas al momento de su desaparición (según los datos del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado, 2015).

 

En un solo caso se dictó una condena por genocidio contra los genocidas: ocurrió en 2015, en el juicio contra la Fuerza de Tareas N˚ 5, en la ciudad de La Plata, donde el Tribunal Oral Federal N° 1 hizo lugar a la petición de la abogada Pía Garralda, de Apel, en su alegato.

 

A 40 años del golpe de Estado, seguimos reclamando el juicio y castigo.

• Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas por todos los compañeros.

• Apertura ya de los archivos.

• Contra el desaguace del Banco Nacional de Datos Genéticos.

 

30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡presentes!

 

El 24 de Marzo, todos a la Plaza.