Foto: Sebastián

 

El beneficio otorgado a Pedraza, y el sobreseimiento de los jueces involucrados en la causa por las coimas, ponen al desnudo la voluntad política de declarar el punto final tanto en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra como en sus investigaciones derivadas.

 

La defensa de Pedraza ha solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria desde el mismo momento en que -previo al juicio- se le negó la excarcelación. Sistemáticamente, estos pedidos fueron rechazados por el Tribunal Oral Criminal Nº 21, hasta que el pasado 24 de febrero se le otorgó.

 

No fueron las condiciones de salud de José Pedraza las que variaron. Los informes de los médicos forenses son claros al afirmar “que no es un enfermo al que la privación de la libertad impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia”, por lo que no cumpliría los requisitos fijados para el otorgamiento de este beneficio.

 

La decisión fue tomada en base al informe del médico de parte (pagado por Pedraza), que vincula un deterioro de salud con una falta de cumplimiento en la atención de parte del Hospital Penitenciario Central I de Ezeiza. Su argumento se basa en que Pedraza aumentó 10 kilos y eso se debe a que no recibe la dieta adecuada (como si Pedraza consumiera la comida brindada por el penal).

 

Los jueces valoraron que el “encausado contara con un espacio habitacional, asistencia económica y afectiva”, lo que lo llevó de Ezeiza al lujoso departamento de Palermo Chico, en un piso 35, donde la vista se extenderá de su dominio.

 

El otorgamiento en forma arbitraria de este beneficio fue posible al consentir la fiscal María Luz Jalbet la medida. Esta fiscal, que fue titular en la fiscalía que lo juzgó, mostró sus simpatías hacia los acusados en la primer audiencia del juicio, coincidiendo con la defensa y atacando a la querella; luego de reprimir sus simpatías (tras el ataque de la que fue objeto por los medios de prensa) las ha dejado nuevamente a la luz.

Recordemos que la fiscalía se negó a acusar a los empresarios y funcionarios, a la vez que desvinculó del crimen, acusando por delitos menores, a los jefes de la Federal que dirigieron el operativo.

 

A ello, se suma un Tribunal que había variado su composición, siendo integrado por dos jueces subrogantes Horacio E. Barberis y Liliana N. Barrionuevo -que aprobaron el beneficio. El único juez que permanecía de la constitución original, Diego Barroetaveña, votó en contra.

El Código Procesal excluye a la víctima de poder controlar la ejecución de sentencia, dándelo parte a la querella sólo en el proceso hasta su sentencia, y privándola de cualquiera apelación en relación a la medida.

 

La cárcel común a Pedraza será una batalla política que abordaremos no sólo con la movilización, sino con la lucha concreta contra la burocracia sindical y su régimen cómplice.