El próximo 18 de noviembre se realizará la décima “Marcha de la Gorra” contra la represión, la impunidad y el gatillo fácil. Este año la movilización se dirigirá a Casa de Gobierno en claro rechazo a la política de regimentación, represión e impunidad sobre las barriadas populares, el complemento de la orientación de ajuste que desarrolla el PJ en la provincia y que los demás bloques capitalistas acompañan.

Será la primera movilización pos modificación del Código de Faltas; ahora llamado de “Convivencia”. El Estado cambió la letra pero no la práctica de impunidad y represión. Con la sanción del “nuevo Código” el gobierno salió al cruce de una marcha que crece año a año, denunciando la responsabilidad que le cabe al Estado en su conjunto por la impunidad del gatillo fácil, el hostigamiento a quienes defienden el derecho de la tierra y vivienda, y todo tipo de atropellos y violaciones a las libertades democráticas que la policía comete día a día.

La marcha 2016 se realizará en el cuadro de una crisis integral, que aún no ha tocado fondo. El gobernador Juan Schiaretti sabe que para hacer pasar el ajuste necesita la regimentación de las barriadas obreras. En ese sentido, el gobierno ha implementado modificaciones en la Ley de Seguridad Pública que habilitan la creación de una nueva fuerza (la Policía Barrial) y del Consejo de Seguridad Ciudadana.

Aumentó el presupuesto destinado a “seguridad”, en lo que va del año la provincia invertirá 560 millones de pesos solo en la compra de móviles, 120 en tecnología.

 

Inseguridad: el Estado es responsable

 

Según Schiaretti, “la inseguridad es hija de la exclusión social”. Esta línea busca responsabilizar del delito a la población golpeada por el ajuste, una tergiversación que oculta que el corazón de la inseguridad se encuentra en los aparatos represivos del Estado.

Con la excusa de combatir este cuadro, Córdoba destina más recursos per cápita a financiar el sistema de seguridad que a garantizar el derecho a la salud y la educación, según lo ha constatado una investigación de la Universidad Nacional de Córdoba.

A pesar de ser una de las provincias con mayor cantidad de policías por habitante, los crímenes en Córdoba crecen día a día. Sucede que la propia policía se encuentra involucrada directamente con los circuitos delictivos.

 El aparato del Estado se encuentra entrelazado (tanto la Justicia como las fuerzas de seguridad) con el crimen organizado en sus diferentes vertientes.

 

A las calles contra el ajuste la impunidad y la represión

 

La inseguridad afecta en primer lugar a las familias trabajadoras, el sector más vulnerable de la población: no viven en barrios cerrados, ni cuentan con alarmas que las protejan. Por el contrario, son el blanco de la coacción policial y del gatillo fácil.

La falta de seguridad ciudadana es el signo más contundente de la descomposición del Estado.

En la próxima marcha denunciaremos que la represión y el avasallamiento de derechos democráticos elementales de los jóvenes y trabajadores es una política integral del Estado en su conjunto.