Declararon los familiares de las víctimas de la Masacre de Monte

“¡No son cuatro policías! ¡Es toda la institución!”

Foto: corresponsal.

Comenzó el juicio por la masacre policial de San Miguel del Monte, perpetrada el del 20 de mayo de 2019. Después de los alegatos del lunes 8 por parte de la fiscalía, las querellas y la defensa de los policías bonaerenses Leonardo Ecilape, Rubén García, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez -perpetradores de la persecución y la lluvia de balazos que causó la muerte de los adolescentes Camila López (13 años), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22), y heridas irreparables a Rocío Quagliarello (13)- continuó ayer el debate judicial con la declaración de los familiares.

Por la mañana se realizó una radio abierta de la que participaron familiares de las víctimas y varios organismos de lucha contra el gatillo fácil y la impunidad policial, como familiares de Andrés Núñez y familiares y amigos de Marcos Bazán. También participó nuestro compañero diputado provincial Guillermo Kane, quien reclamó que “deben ir presos los policías asesinos y los encubridores, empezando por la exintendenta de Monte y actual funcionaria en el INTI, Sandra Mayol, puesta por Massa”.

Los testimonios

En un clima de conmoción y dolor sin límites, declararon Juan Carlos Sansone y Gladys Ruidíaz, papá y mamá de Danilo; Emanuel Suárez, hermano de Aníbal; Yanina Zarzoso, mamá de Camila; y Susana Ríos, mamá de Gonzalo; además de otros familiares y testigos de los hechos.

Entre lágrimas, Juan Carlos declaró que “Me quise matar más de dos veces por mi hijo. Yo lo despedí de mi casa bien y me lo devolvieron en un cajón todo tapadito, se le veía la carita nomás. Era lo único que no tenía lastimado. Fue una cacería”. Varios jurados acompañaron el llanto de Juan Carlos. Por su parte, Gladys afirmó que a Danilo “lo mataron sin piedad y a sangre fría. Exijo perpetua para que esto no vuelva a pasar. A nosotros nos arruinaron la vida”.

Yanina, por su parte, contó que se había enterado de los hechos por la mamá de Rocío, que la llamó a las tres de la mañana para decirle que habían tenido un accidente, tal era la versión que difundían desde la policía de Monte y el Municipio. “Yo pensé que se había caído de la bicicleta. Entonces fui pensando en eso. Estaba enojada y estaba pensando en que la tenía que retar. Pero en el hospital me enteré de la peor noticia que me podrían haber dicho en mi vida”.


Susana, por su parte, relató su llegada al Hospital, donde se encontraban la intendenta Sandra Mayol, el secretario de Gobierno Hugo Medus y el secretario de Seguridad Claudio Martínez, quienes le “negaron que hubiera habido disparos”, defendiendo a rajatabla la tesis del accidente. Emanuel, a su turno, relató el conocido episodio previo que habían protagonizado con su hermano Aníbal un mes antes de la masacre, cuando fueron detenidos ilegalmente por la policía de Monte: “Íbamos en el 147 y la Policía nos hizo seña de luces y nos llevaron a la comisaría. Ahí nos empezaron a apretar porque teníamos el domicilio en Misiones. Que teníamos que pagar una multa para salir. Como no teníamos domicilio en Monte, nos dijeron que paguemos $35 mil. Les dimos $5 mil, que para nosotros, era mucha plata”.

“No es un juicio contra la institución policial, sino contra cuatro policías”

Así lo afirmó en su alegato Bárbara Juárez, abogada que integra por el CELS la querella conjunta que, en representación de una parte de los familiares de las víctimas, ese organismo comparte con la abogada de la Comisión Provincial por la Memoria Margarita Jarque. La frase de Juárez no cayó bien al menos entre algunos de los familiares de las víctimas, según consta a este cronista.

Es que, si de algo es prueba la masacre de Monte, en un juicio en el que las responsabilidades inmediatas van desde la Intendenta Mayol y el exsecretario de Seguridad Claudio Martínez (expolicía él mismo, muerto por un rottweiler (¡!) hace exactamente un año, el 10 de mayo de 2022, cuando gozaba de prisión domiciliaria), pasando por el comisario y subcomisario Mario Mistretta y Franco Micucci y la veintena de agentes acusados de encubrimiento, es que la que está sentada en el banquillo de los acusados, en este caso concreto, es toda la bonaerense de Monte. Pocos meses después de la masacre, la propia CPM dio a conocer un informe que detallaba decenas de casos previos de abuso y maltrato policial contra los pibes y pibas pobres de Monte, varios de ellos protagonizados por los protagonistas de los asesinatos de mayo de 2019.

Al respecto, el abogado experto en causas de gatillo fácil, Ismael Jalil y testigo en el próximo juicio por el encubrimiento de la Masacre, salió al cruce de la declaración de Juárez en una entrevista en IP: “Yo no estoy de acuerdo en que se juzga a cuatro policías, es toda la institución”, y continuó: “hay una ausencia de decisión política para investigar la trama del encubrimiento, que va desde el último policía de Monte hasta la Intendenta Sandra Mayol”. Jalil es un testigo clave de la maniobra de encubrimiento y de la participación de Mayol en ella.

Entre los familiares sobrevuela el fantasma de la posibilidad de que la exintendenta y actual presidenta del INTI quede fuera del proceso judicial. Denunciada por la CPM por el delito menor de “Violación de los deberes de funcionario público”, la fiscalía ha pedido el archivo de esa denuncia que, según fuentes judiciales, se produciría luego del juicio en curso. “No hay ninguna razón que justifique que Mayol haya sido denunciada por ´violación de los deberes…’, debería haber sido denunciada por encubrimiento, pero en ese caso se habrían visto obligados a incluirla en el próximo juicio con los demás policías”, señaló a PO otro abogado experto en causas de gatillo fácil.

La exclusión de Mayol, íntimamente ligada a Massa, de la investigación por el encubrimiento fue garantizada primero por Vidal y Ritondo, con cuyo gobierno provincial el actual ministro de Economía sostuvo inmejorables relaciones hasta el final, y luego por un acuerdo con Cristina y Kicillof: mantener las intendencias del Frente Renovador fue una de las condiciones que impuso Massa para integrar el Frente de Todos.

Este primer juicio continuará hasta el 17 de mayo, fecha de la última audiencia, y, en los días subsiguientes, el jurado dictará sentencia y, sobre esa base, la jueza Carolina Crispiani emitirá la condena, que los familiares reclaman que sea prisión perpetua.

Sigamos la lucha por justicia por los pibes de Monte.

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/comenzo-el-juicio-por-brandon-romero

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/movilizacion-a-5-meses-de-la-desaparicion-de-lucas-escalante-y-el-asesinato-de-lautaro-morello