La semana pasada, de forma virtual, se llevó a cabo la audiencia N °88 del megajuicio por las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús, del cual Apel forma parte a través de la querella de Justicia Ya! La Plata, con la abogada Pía Garralda.

Por primera vez en la historia de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura genocida hay una querellante y testiga sobreviviente perteneciente a la comunidad travesti-trans. Valeria del Mar Ramírez fue secuestrada y privada de su libertad durante la última dictadura por su identidad de género, y su testimonio es prueba total de la persecución que sufrimos las diversidades sexuales y de género antes, durante y después de ese periodo por parte de las fuerzas represivas que ejercen un genocidio silencioso hacia la comunidad travesti-trans no binarie.

Ella relata cómo sufrió la persecución policial antes de la dictadura donde la detenían “cada dos por tres” tanto a ella como a sus compañeras por ejercer la prostitución al ser su único medio de subsistencia. La negativa a querer pagar la coima al jefe de calle y la organización con el resto de las travestis para defenderse de la violencia policial y las detenciones hicieron que la marcaran como la cabecilla del grupo.

Durante la dictadura la secuestraron dos veces, una a finales del 76 en la que se la llevaron a ella junto a dos compañeras, La Hormiga y Romina, las mantuvieron privadas de su libertad en el calabozo de una comisaría donde estuvieron dos días. La segunda fue a principios de 1977, a ella y a Romina se las llevó un Ford Falcon a un lugar, al centro clandestino de detención y exterminio Pozo de Banfield. “Nos arrodillan entremedio de las piernas de ellos, con la cabeza para abajo. Les digo que recién habíamos llegado, que no estábamos haciendo nada. Y no nos contestan. El de adelante nos dice: ‘Cállense la boca, ya van a saber a dónde van a ir’. Cuando vamos llegando, levantó la vista, y escuchó el ruido de un portón de chapa. Enfrente había campo. Cuando entra el coche, cierran el portón, y había un policía gordo, un escritorio verde, viejo, con vidrio arriba. Agarró esos teléfonos y dijo: ‘Acá tienen las cachorras que habían pedido’”, relata Valeria en su testimonio.

Durante los 14 días que estuvo ahí Valeria sufrió violaciones y golpizas día tras día, pidiendo auxilio sin saber por qué estaba ahí, ya que no tenía ningún tipo de filiación política más allá de su organización frente a la violencia del Estado ejercida a través de las fuerzas represivas. La dictadura militar no solo fue un plan de exterminio de la vanguardia obrera del Cordobazo, sino contra toda disidencia y espacio de lucha contra el régimen capitalista que oprime a las diversidades sexuales y de género de la clase obrera. Valeria forma parte de un numeroso grupo de chicas trans, como se denominó, que fueron violentadas de manera particular en los centros clandestinos por su condición de género, cuestión que resulta invisibilidad en materia de DD.HH. respecta a las últimas dictaduras militares.

Los genocidas además de haber sido secuestradores, torturadores, asesinos, fueron violadores, y tienen que ser condenados por este tipo de delitos, de los cuales fueron víctimas principalmente las compañeras.

La historia de la organización de la comunidad LGBTI+ ya había comenzado a fines de los 60, por los mismos motivos por los que Valeria fue secuestrada. La dictadura militar contó con la complicidad de la iglesia, promoviendo los valores del catolicismo. Llevó al extremo el exterminio de todo tipo de disidencia a los valores de la iglesia católica, dentro de las cuales está la familia heterocisexual como bastión de la regimentación hacia nuestras identidades y sexualidades, reforzados por los edictos policiales que habilitaban a la división de moralidad de la policía federal a perseguir a las personas LGBTI+ que eran encarceladas y torturadas.

Una vez en libertad tuvo que ocultar su identidad de género, disfrazándose de varón y mudándose con sus padres, viviendo con miedo de salir a la calle. Hasta el día de hoy no recibió ningún tipo de asistencia por los traumas físicos y mentales como consecuencia de la tortura que sufrió durante el secuestro, más que una indemnización de 50 mil pesos. Mientras en democracia, siguen desapareciendo compañeres y las fuerzas represivas siguen persiguiendo a la comunidad LGBTI+ con el poder judicial, garantizando la impunidad como es el caso de Tehuel de la Torre. A pesar de que la legislación ha avanzado, la falta de voluntad política de todos los gobiernos y la injerencia del Estado concluye en la perpetuación de las condiciones de vida miserables, de la imposibilidad de acceder al mercado laboral y a nuestros derechos básicos; un panorama que no cambia mientras pasan los gobiernos.

Por eso seguimos luchando por nuestros derechos y reclamamos justicia por lxs 30.400 compañeres detenides desaparecides en la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. Cárcel común, perpetua y efectiva.

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