Acusados de “turbación de la propiedad”, Patricia Comparada, María Inés Demateis, Luis y Mamerto Verón, serán llevados a juicio por su participación en la histórica recuperación del Sindicato del Pescado.

Cabe recordar que luego de varias asambleas masivas de obreros del pescado, que manifestaron su apoyo a la huelga que desde hacía 60 días llevaban adelante los marineros (en demanda de aumento salarial y el cese del trabajo en negro), una columna de más de mil trabajadores ingresa a su sindicato, resuelve adherirse al paro y vota la remoción de la Directiva carnera (que llevaba ya 2 años de mandato vencido).

Acto seguido (de acuerdo a lo que reglamenta el Estatuto del Soip en estos casos – acefalía – ) se elige una Comisión Provisoria, que busca ser reconocida por el Ministerio de Trabajo para convocar a elecciones en el sindicato.

A pesar de contar con libro de actas rubricado por centenares de afiliados, los pedidos de veedores del Ministerio de Trabajo y todos los recaudos legales, el Estado no reconoce a la Comisión Provisoria durante más de un año, enviando un delegado normalizador que organiza las elecciones en el Soip.

No es un dato menor que el resultado de estas elecciones (cuyo recuento de votos se llevó adelante en el Ministerio de Trabajo) arrojó un claro triunfo de la oposición Celeste, organizadora de la supuesta ocupación en cuestión.

 

Los hechos

Durante el ingreso a la sede gremial y los tres días de deliberación sindical no se produjo ningún hecho de violencia que afectara a las personas o las instalaciones. El acta de abandono del local reconoce que el mismo se encuentra en impecables condiciones.

El único hecho de violencia lo produjo el ex secretario general, Carlos Darguibel, que a través de los medios de difusión amenazó con que “si la Justicia no desalojaba el Soip él y su gente los iban a sacar por la fuerza”.

La prueba de que el ingreso y permanencia de los trabajadores fue completamente “civilizada” se encuentra en los propios términos de la acusación. Turbación de la propiedad significa entorpecimiento del normal desenvolvimiento de una institución.

Aquí es donde comienza la parte medular del criterio, no ya de la acusación de Darguibel, sino de la Justicia, que resolvió llevar a los tribunales a los compañeros.

Para esta gente los sindicatos son propiedad de sus dirigentes, incluso tratándose de una reconocida banda mafiosa, que tiene 2 años vencido su mandato y los trabajadores no tienen derecho a hacer uso de las instalaciones. Además: ¿Cómo se podría alterar el normal desenvolvimiento del Soip, cuando toda la actividad del sector se encontraba afectada (desde hacía 60 días) por la falta de materia prima, producida por la huelga de los marineros?

En realidad, el paro resuelto en la sede del Soip lo que produjo a los cuatro días fue un resonante triunfo de la huelga marítima. Es decir que la acción permitió volver al normal desenvolvimiento no sólo de la sede sindical, sino de todo el sector pesquero marplatense.

Queda claro entonces que para “los representantes del ministerio público” los sindicatos son propiedad privada de la burocracia y no propiedad colectiva de sus asociados.

Existe un ataque al derecho de organización y de huelga de los trabajadores, y estamos frente a una burda persecución judicial (hacia los militantes de la agrupación Celeste del Polo Obrero) por cometer “el delito” de recuperar su sindicato de manos de una mafia y reorganizar su gremio, haber obtenido recientemente un 50% de aumento salarial y encontrarse luchando actualmente contra el fraude laboral que sufren los obreros del pescado.

A días de un nuevo aniversario del sangriento golpe militar del 24 de marzo de 1976, llamamos a organizar un poderoso movimiento de repudio a esta persecución judicial. Convocamos a todas las organizaciones a pronunciarse y a organizar en común una masiva movilización el 26 de marzo sobre los tribunales.