La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia contra el espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri sobre periodistas, empresarios, académicos, políticos y organizaciones. Se suman al menos medio millar de fichas, que incluyen los datos personales e ideológicos de los espiados.

La denuncia quedó radicada ante el juzgado de Marcelo Martinez de Giorgi, que deberá -según informa Página12- investigar a los agentes que realizaron los informes y a Mauricio Macri.

Caamaño aportaría la prueba el lunes 8, que consiste en fichas halladas en una caja fuerte de la Dirección de Eventos Especiales, separadas en tres sobres identificados como  “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”.  Según surge de informaciones periodísticas, el PTS, integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, fue infiltrado durante sus actividades, y en la documentación encontrada en la AFI había fichas de los legisladores y ex legisladores Raúl Godoy, Alejandro Vilca y Christian Castillo y de delegados sindicales y candidatos del FIT para las elecciones en 2017.

Paralelamente está en trámite otra causa, en el juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villela, donde se citó entre otros a Cristina Fernández y Horacio Rodríguez Larreta como víctimas del espionaje en la era macrista. La causa de Lomas referencia entre los espiados a jueces, diputados, intendentes y gremialistas, entre ellos a María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Graciela Caamaño y Hugo Moyano.

Las nuevas denuncias dan cuenta de la continuidad de una política de Estado. Desde que Jaime Stiuso quedase al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado décadas atrás, la infiltración y el espionaje han sido moneda corriente. Ningún presidente se privó de espiar a sus opositores.

A comienzos del gobierno de Menem, el Partido Obrero denunció la existencia de una orden del Ministerio del Interior para realizar espionaje político sobre partidos de izquierda como el PO y el MAS, lo que luego fue confirmado por un arrepentido. Los organismos de Derechos Humanos padecieron la infiltración en el propio seno del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, por parte del agente de la Policía Federal, Américo Balbuena, quien se presentaba como integrante de la Agencia Walsh en plena era kirchnerista. Fue durante el gobierno de los Kirchner que se echó mano al Proyecto X encarado por la Gendarmería Nacional, donde  se registraba a dirigentes políticos y sociales y personalidades del movimiento de Derechos Humanos, como Néstor Pitrola y Elia Espen de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Durante el macrismo esta metodología no cesó, y se hizo fuerte en la causa Maldonado, donde está en trámite aún la denuncia realizada por la familia de que fue víctima del espionaje ilegal y de pinchaduras telefónicas. La asociación de Patricia Bullrich con estas tareas de espionaje y la recepción de información desde Chile dataría de enero de 2017. La coordinación entre ambos Estados en la persecución a los mapuche, simpatizantes, activistas y quienes impulsen cualquier reclamo que afecte los intereses de los monopolios instalados en la Patagonia, queda cada vez más probada. También periodistas como Mauro Federico y Gustavo Silvestre fueron espiados y sus mails hackeados por no estar alineados al macrismo.

Las luchas, por su parte, fueron víctimas directas del espionaje: la de los obreros de la gráfica AGR fue una de ellas, con el monitoreo permanente realizado por camionetas blancas sin identificación. En Formosa, la policía de Gildo Insfrán espiaba y se infiltraba en el Partido Obrero, hecho que también fue denunciado y que los jueces adictos al gobernador intentaron cajonear.

Las nuevas denuncias destacan que, en las fichas encontradas, se clasifica a los periodistas en una especie de semáforo según su alineación u oposición al gobierno macrista; por sus militancias por el derecho al aborto y en la actividad gremial y, en el caso de los trabajadores de prensa, además, si denunciaron ser víctimas de violencia policial mientras realizaban alguna cobertura.

El reclamo por la apertura de todos los archivos de las agencias de inteligencia y el cese del espionaje estatal está a la orden del día. Y con renovada fuerza en el actual contexto, de avance represivo en todo el territorio nacional, que suma a los numerosos hechos de violencia policial la instauración de un ciberpatrullaje generalizado por parte de las cuatro fuerzas federales.