A pocos días de la sesión en la que se aprobó en Diputados el pacto con el Fondo Monetario, la cuestión de los incidentes en Congreso ha detonado una crisis política. El kirchnerismo denunció que se trató de un atentado con piedras sobre su despacho, y reclamó un pronunciamiento del Poder Ejecutivo y una investigación de los autores materiales e intelectuales de los hechos. Como respuesta a la crisis política y el emplazamiento del kirchnerismo, el gobierno nacional ha comenzado una cacería y persecución contra las organizaciones y militantes populares que estuvieron en la movilización por los incidentes. Esta interna acicatea la persecución.

Así, al primer compañero detenido, Oscar Santillán, lo acusan no solamente de daños, resistencia a la autoridad y  otros delitos sino, además, de asociación ilícita. Con esta carátula avanzan con allanamientos contra los locales del MTR Histórico de Roberto Martino. El uso de la carátula de asociación ilícita contra una organización social por una acción en una movilización coloca un antecedente muy grave porque avanza en la ilegalización de las organizaciones populares.

Luego fue detenido otro compañero, Jaru. Paralelamente, avanzan contra el MTR–Cuba, persiguiendo y deteniendo compañeros. La campaña incluye la identificación de ocho manifestantes, y una campaña mediática que apunta a estos compañeros como autores de un atentado contra la vicepresidenta. Ya hay cinco apresados.

Esta campaña pretende golpear a todo el movimiento popular. La crisis política del oficialismo impulsa a que el gobierno caiga con todo su peso contra las organizaciones que sufrieron la represión en Congreso.

Exigimos la libertad de los detenidos. Rechazamos la persecución y el avance represivo para defender el pacto con el Fondo Monetario, de entrega y ajuste, que se va a votar en el Senado en las próximas horas.

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