El desalojo

El martes 26 de junio, el juez Torres Gálvez resolvió no hacer lugar al pedido del fiscal de desalojar a los vecinos de San Expedito. Sin embargo, desde las seis del miércoles 27, más de 600 policías procedieron a desalojar violentamente el asentamiento. Hubo varios heridos, entre ellos una mujer embarazada, y más de 20 detenidos, entre ellos el concejal del PO Diego Toro.

Los vecinos resistieron. El juez se presentó en el lugar y el desalojo se suspendió provisoriamente. El diputado Del Plá, junto al abogado del PO y otros abogados, se presentaron ante un juez para solicitar la suspensión inmediata del desalojo y la liberación de los detenidos.

Los delegados del barrio fueron llamados a una negociación con el gobierno, que mantuvo la propuesta de llevarlos al otro extremo de la ciudad, cerca del basural San Javier. Los delegados rechazaron la oferta, pero acordaron continuar las negociaciones a cambio del retiro de la policía del barrio. Los funcionarios pidieron un tiempo para llegar a la Casa de Gobierno para discutir esta petición.

Menos de una hora después de finalizada esa reunión, la policía comenzó nuevamente a desalojar a los vecinos. La policía empezó a destruir las viviendas. Los compañeros del PO, codo a codo con los vecinos, armaron un cordón para evitar la destrucción de las casitas. Luego vinieron los gases lacrimógenos y se llevan detenida a Nenina Lezcano, familiar de desaparecidos e integrante de la red de derechos humanos.

La policía logró vencer la resistencia y el desalojo fue inevitable. Comenzó entonces la cacería de los delegados. Diego Toro, que acababa de salir de la alcaldía, fue detenido por segunda vez. Algunos delegados son rescatados por el accionar de los compañeros del PO. La policía golpeó a diputados y concejales del PO y agredió a los periodistas.

La policía justificó esta nueva arremetida con el artículo 216 del Código Penal, que trata sobre la acción ante delito in fraganti. Sin embargo, el Juez de Instrucción Formal de 7ª Nominación, Jorge Raúl Sosa Vallejo, ordenó al jefe de la Policía “el cese de todo procedimiento que implique el ejercicio de atribuciones no ordenadas por un juez competente” (Nuevo Diario, 28/6). La orden llegó tarde. Las viviendas ya habían sido destruidas.

Crisis política

El desalojo —llevado adelante a pesar de la oposición de la Justicia— muestra de cuerpo entero a un gobierno de fuerza contra el pueblo.

La brutalidad del accionar policial y la sistemática violación de las libertades públicas han provocado una gran indignación entre los trabajadores y el pueblo de Salta, que obligó al Concejo Deliberante de la Capital a repudiarlo por unanimidad. El pronunciamiento incluye el pedido de que el Poder Ejecutivo “deponga de sus funciones al secretario de Seguridad Ferraris, por ser el responsable directo de la violencia sucedida en el desalojo de San Expedito y del desconocimiento de autoridades y procesos judiciales”.

Por otra parte, la Presidencia del Concejo, “como representante de los vecinos, deberá realizar, una denuncia penal contra Ferraris, y otra ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta” (Nuevo Diario, 29/6).

Los concejales “ex” romeristas, que están ahora con Urtubey, pedían perdón al pueblo por haber colaborado en crear un “monstruo”, en referencia a Romero.

Mucho tiempo antes, tanto el Concejo capitalino como la Cámara de Diputados se habían pronunciado para que no se desaloje a los vecinos mientras se discutía la resolución de sus reivindicaciones.

Una acción consciente y regimentadora

El objetivo del gobierno en este desalojo era desarticular a la dirección del barrio, que había cuestionado su política de especulación inmobiliaria, y establecer una medida ejemplificadora para regimentar cualquier movimiento que luche por la tierra y la vivienda.

Además, buscaba destruir la influencia política del PO en el barrio y enfrentar a la población con el partido.

Brizuela justificó el desalojo diciendo que si Del Plá, diputado del PO, corta rutas y rodea la legislatura con los docentes sin pedir permiso, por qué él le tiene que hacer caso a la Justicia.

Urtubey aterrorizado de su política

Brizuela no se olvidó de adjudicarle a Urtubey su responsabilidad en el asentamiento.

El comunicado de prensa de Urtubey denuncia que el gobierno de Salta utiliza “el terror y la violencia como arma de disuasión de aquellos que no piensan como sus responsables”.

Sin dudas, Urtubey no se refiere a los cinco trabajadores asesinados en el norte provincial, a la Noche de las Tizas, a los crímenes impunes de Liliana Ledesma y Fabián Pereyra, a los brutales desalojos del asentamiento de Pereyra Rosas o al de los “ocupas” de Parque La Vega, todos producidos cuando él era el hijo pródigo de Romero y no se ahorraba ni una letra en alabar su gestión como un ejemplo nacional.

Urtubey olvida el terror que impuso Kirchner militarizando Santa Cruz.

Tanto su posición, como la de sus concejales capitalinos, es una verdadera impostura. Ellos han formado parte del gobierno represor. Urtubey era secretario de Gobierno cuando Nazario, torturador en la dictadura, era secretario de Seguridad.

La lucha continúa

Los vecinos de San Expedito han reconstruido la asamblea a pesar del desalojo y han votado que el merendero seguirá funcionando en el barrio.

La mañana posterior al desalojo se movilizaron, junto al PO y la CCC, hacia Familia Propietaria donde repudiaron a su director Aleksandrowicks. En la reunión con este perverso personaje sólo salieron con un compromiso de solución en 21 días.

El Partido Obrero denunciará tanto en la Legislatura como ante la Justicia, el golpe de Estado perpetrado por el gobierno y la sistemática violación de los fueros parlamentarios de los representantes del PO.

El PO estuvo desde el primer momento en esta lucha. Nuestro programa expresa la reivindicación que los vecinos han defendido a capa y espada. La consecuencia de nuestra lucha por la tierra se expresa en los plenarios convocados para el 19 y 21 de julio en Orán y Tartagal respectivamente, para organizar la lucha por la tierra y la vivienda y dotarla de un programa.

• Reserva del 40% de la tierra urbana para viviendas populares.

• Adjudicación inmediata de tierras a los vecinos de los asentamientos.

• Triplicación del presupuesto del IPV para un plan de viviendas populares bajo control obrero.