La criminalización de los consumidores ha ido en aumento el último año, a la par de la criminalización de la protesta social y el incremento de la represión y los apremios ilegales. La policía utiliza la ley de estupefacientes como un elemento de regimentación, control y apriete a la juventud.

El 30 de marzo Infobae publicó que estamos en presencia  de un record de detenciones y causas abiertas por tenencia para consumo personal de marihuana. “La mayoría de los detenidos son jóvenes varones agarrados en estaciones de trenes” reconoció.

Se ha vuelto moneda corriente los cacheos y controles policiales por “portación de cara” en los ingresos a los estadios de futbol, recitales, estaciones de trenes y en grandes concentraciones en forma generalizada. Este “envalentonamiento” que vemos a diario por parte de la policía tiene su correlato en el discurso oficial de Macri-Bullrich: desde la doctrina del gatillo fácil Chocobar, hasta los discursos celebrando la represión policial en las manifestaciones. No se nos escapa que no es solo Macri, sino la oposición patronal de conjunto la que apoya esta política, desde Pichetto apoyando la deportación de migrantes hasta Berni impulsado el uso de las picanas portátiles Táser.

Narcotráfico

Delictiva es, en realidad, la ley que restringe los derechos ciudadanos. Del mismo modo habría que sentar en el banquillo de los acusados a todo el aparato jurídico y represivo que victimiza al consumidor o al adicto. La ‘ilegalidad’ aplicada al consumo de la droga es la pantalla de un criminal negocio y un instrumento de regimentación de la juventud. La víctima de la droga es tratada como delincuente, en tanto los delincuentes de la droga gozan del amparo o la impunidad que les brinda el poder y sus ‘servicios de seguridad’.

El tráfico de droga es tolerado y encubierto por el secreto bancario y los blanqueos de capital. La penalización del consumo está al servicio de todo el dispositivo con el cual se benefician los barones de la droga y sus cómplices.

Frente al Estado y al régimen de los explotadores es que defendemos los “derechos individuales”, como parte de la lucha por una acción colectiva dirigida a liquidar la raíz de los males y enfermedades sociales, que no es otra cosa que la explotación del capital, es decir, del hombre por el hombre en la sociedad moderna.

La legalización del consumo de drogas que impulsa la derecha liberal europea y yanqui busca sobre este gran negocio que es el narcotráfico, elevarlo a una escala mayor. En esta marcha de lo que se trata para el Partido Obrero es de una movilización democrática contra el Estado policial y la represión contra la juventud y los trabajadores. Para nosotros no se trata por lo tanto de montar un nuevo negocio para las tabacaleras o los grandes grupos farmacéuticos, por eso luchamos por la despenalización como forma de pararle el carro a la embestida policial.

Luego del fallo Arriola de la Corte Suprema en 2009 fueron varios los que propusieron modificar la actual ley de estupefacientes. El kirchernismo ha hecho amplia demagogia para ganarse a la juventud. Aníbal Fernández durante su campaña electoral como senador repitió hasta el hartazgo que desde su banca iba a impulsar la despenalización de la tenencia para consumo. Dicho proyecto no tuvo tratamiento parlamentario, siendo en ese entonces mayoría el FPV en ambas Cámaras del Congreso.

Autocultivo medicinal

Con la legislación vigente, las madres cultivadoras para el tratamiento de distintas patologías que sufren sus hijos, hoy son tratadas como narcotraficantes. La tenencia de unas pocas plantas de marihuana (la producción de unos pocos ml de aceite requiere varias) da lugar a procesos penales muy duros contra estas familias.

Nuestra compañera Soledad Sosa (Ex diputada nacional) presentó un proyecto de ley donde se contemplaba el  derecho del autocultivo medicinal, por el que familiares de pacientes con diversas patologías vienen peleando para las terapias y el tratamiento del dolor. Finalmente se aprobó una ley de uso medicinal del cannabis, muy diluida, cuya reglamentación ha dificultado el acceso real legal a las familias.

El que sí consiguió autorización para el cultivo de marihuana fue el hijo del Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien consiguió a través de un decreto gubernamental la habilitación para producir en asociación con una empresa estadounidense.

Llevemos a todo el movimiento juvenil y de los trabajadores las consignas de lucha para terminar con la persecución policial a la juventud con la excusa de las drogas.

Despenalización de la tenencia para consumo y autocultivo

Abajo el narcotráfico

Basta de reprimir a la juventud