En la madrugada del miércoles 25, un mar de policías desalojó de la manera más brutal a más de doscientas familias del asentamiento ubicado en los terrenos cercanos a la autopista del Buen Ayre, desde Fleming (límite con Tres de Febrero) hasta Villa Lanzone. Familias golpeadas, pateadas y atacadas con balas de goma (uno de los vecinos recibió 30 perdigones en la espalda), menores y enfermos detenidos, cápsulas de gas lacrimógeno lanzadas dentro de las casas de un barrio vecino. La policía portaba una supuesta “orden judicial”… sin sello de autoridad judicial alguna, expedida cinco días antes y ocultada a los vecinos e incluso a un abogado, que en los días previos pidió infructuosamente ver el expediente. Dos días después, cientos de policías siguen ocupando el predio y adyacencias, luego de haber quemado las pertenencias y las viviendas de los habitantes. No es la primera represión de la Policía de Solá contra un barrio en lo que va del año.

Los terrenos desalojados son propiedad de la Municipalidad de San Martín y del Ceamse.

El Intendente Ivoskus colaboró con el accionar represivo enviando cuadrillas municipales a arrasar con las viviendas. No fue tan rápido para mejorar las calles de barrios humildes, para dotarlos de agua o luz, o para impedir que se inunden.

Ciento veinte mil habitantes de San Martín luchan por salir adelante en asentamientos y villas, carentes de lo más elemental. Las posibilidades de acceder a una vivienda para un trabajador es un sueño imposible por el aumento de los precios de las propiedades y de los alquileres.

Resistencia

La acción de la Bonaerense fue repelida por los vecinos, no sólo del asentamiento sino también de barrios colindantes, que también fueron atacados. Lejos de dispersarse, los vecinos se reorganizaron, con la colaboración de comedores y vecinos. El jueves 26, un día después de la represión, una importante asamblea elegía una comisión de delegados por manzana.

El viernes al mediodía, cientos de vecinos marcharon al Municipio para reclamar la restitución de las tierras. Lograron que los delegados fueran recibidos en la Intendencia. En la negociación, que duró varias horas, el Municipio dio a conocer que esos terrenos estaban destinados a un plan de viviendas del asentamiento 8 de Mayo, cuyos representantes, presentes en la reunión, acordaron ceder a las familias desalojadas un total de 208 viviendas (a construir). El Municipio lo avaló poniendo como condición que los delegados se comprometieran a “no ocupar las tierras en conflicto”. La Municipalidad abrirá un registro de postulantes en base al listado que presenten los vecinos, y compromete el inicio de las obras de urbanización antes de los 180 días. Todo “ad referéndum de un acuerdo general entre el Estado nacional, el provincial, el Ceamse, la Municipalidad y los vecinos”, para lo que se acordó una reunión el lunes 30.

Aun con los varios puntos flojos, el acta firmada -pero esencialmente la movilización- tonificó la lucha. La masividad de la movilización tomó por sorpresa a Ivoskus.

No hay que aflojar. Sólo la organización y lucha podrán garantizar arribar a buen puerto.

La vigorosa respuesta de los vecinos del 2 de Abril ha sacudido a otros barrios carenciados del distrito, que han realizado asambleas y reuniones para tratar el problema. Esto actualiza la necesidad de impulsar la organizacion de cada uno y una interbarrial para luchar en común para imponer las adjudicaciones de tierras, las mejoras urbanas imprescindibles (agua, luz, calles, cloacas), y un verdadero plan de viviendas. Hay que terminar con los desalojadores y los represores.