Tras la liberación de los detenidos el viernes, al término de la marcha, acusados de intimidación pública y resistencia a la autoridad, el fiscal solicitó diez puntos de investigación a los cuales hizo lugar el juez Martínez de Giorgi, a la vez que dictó el secreto de sumario. 

 

Las medidas de “investigación” solicitadas por el fiscal buscan subsanar las numerosas irregularidades del expediente.

 

Los primeros puntos solicitan la declaración testimonial del personal policial que participó de las detenciones. "Deberán indicar cómo fueron las circunstancias previas a la detención, la hora, y en qué lugar se produjeron los hechos que derivaron en la detención, señalando si desde que se observó a la persona luego detenida hasta se la detuvo transcurrió algo de tiempo y si se fue modificando el lugar". Esto porque, en la mayoría de los casos, las actas policiales donde constan las circunstancias de las detenciones fueron refutadas por los detenidos. Es el caso, por ejemplo, del docente José Morales, detenido cuando salía de una pizzería, una hora después y a cinco cuadras de lo que figura en el acta.  El objetivo de esta medida es remontar la irrevocable nulidad de las actas policiales y construir “el relato” de la justificación de las evidentes detenciones ilegales.

 

"Justo salía del trabajo y me levantaron. Me imputaron tirar molotovs. En el camión me decían: vas a estar desaparecido también"



De terror. pic.twitter.com/L8jc72B50o

— Crónica Anunciada (@Cronicanunciada) 4 de septiembre de 2017

El segundo punto solicitado por el fiscal, en calidad de "medida urgente", que la Policía de la Ciudad haga un "compilado" con las 24 horas de grabaciones que presentó. En concreto, implica otorgarle a la policía 24 horas de prórroga para editar y manipular sus filmaciones, lo cual constituye un ocultamiento de prueba a las defensas.

 

En el quinto punto, González solicitó “el cotejo por parte de la fuerza de seguridad de las fotografías de los imputados con los hechos que surjan de las filmaciones y fotografías aportadas, debiendo ubicar a los imputados en los momentos previos y/o concomitantes a los hechos reprochados, como así también al momento de su detención". Sin dudas, es llamativo que el fiscal no requiera que se ubique a los compañeros imputados realizando alguna acción sino, simplemente, en el lugar de los hechos, incluso en los momentos previos. Como para guardar las formas, luego solicita que se verifique su participación y la de terceros.

 

La chica policía tiene una hermana gemela de los anarquistas que tiran piedras . Que casualidad! pic.twitter.com/INnIXsUaG3

— Courbet (@originemonde) 5 de septiembre de 2017

El fiscal también solicitó que se habilite “un canal de comunicación para que las personas que hayan presenciado los hechos investigados puedan aportar material fílmico, testimonios y fotografías". Si se tomara en serio su trabajo, el fiscal debería tomar nota del abundante material que circula en las redes sociales que da cuenta de la acción de infiltrados y provocadores de la policía en los “disturbios”. En el mismo sentido, González solicita a los médicos que establecer "la gravedad de las lesiones recibidas por el personal policial, el tiempo estimado de curación y el alta para poder retomar su trabajo". En cambio, no requiere informe sobre las lesiones producidas a manifestantes durante la represión, registradas por el SAME y en guardias hospitalarias. 

 

El conjunto de las medidas apunta a proseguir la “investigación”, aunque inexorablemente se verifique la total falta de vinculación con los hechos de las personas que fueron detenidas.

 

Presten atención a la patada por la espalda que recibe de un policía una chica que estaba registrando la represión de ayer: "Salí de acá". pic.twitter.com/DOvlQA6rqJ

— Juan Pablo Mansilla (@juanpmansilla) 2 de septiembre de 2017

El secreto de sumario es justificado por la “posibilidad” de determinar a otros como autores del delito que se le imputa a los compañeros.

 

Una semana atrás, con una excusa similar, por la rotura de una vidriera durante una marcha contra el ´gatillo fácil´ policial, un fiscal ordenó el allanamiento de locales de organizaciones sociales y culturales y partidos de izquierda, dos días antes de la marcha por Santiago Maldonado.

 

Abajo las provocaciones policiales. Cierre de las causas a los compañeros.