Emilio Parodi, quien ocupó el puesto de gerente de Recursos Humanos en la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, fue detenido el martes 4 de julio en su domicilio de Olivos. De este modo avanza la causa de delitos de lesa humanidad, a cargo del juez Ernesto Kreplak, quien investiga desapariciones forzosas, secuestros y torturas a trabajadores durante la última dictadura cívico-militar en los silos emplazados en Dean Funes 90, a escasos metros del Riachuelo y del Puente Pueyrredón.

“Parodi no era uno más en Molinos. Ocupó el rol de gerente entre 1974 hasta los 90. Llegó a su situación actual como imputado, y seguramente procesado, por el testimonio de trabajadores que dicen que fue el responsable de haber confeccionado una lista de personas que luego fueron secuestradas” (La Retaguardia, 4/7).

La firma, en 1976 propiedad del grupo empresarial Bunge y Born, era un hervidero obrero. En el ’73 y ’74 fue tomada por sus operarios en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo y salarios. El 7 de julio de 1976 el Ejército ingresó y secuestró una gran cantidad de laburantes y luchadores. La ausencia de documentación de aquellos años impide conocer el número exacto, pero se calculan entre setenta y noventa personas.

En abril de 2015, como parte de la investigación, los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro presentaron al Juzgado Federal Nº 3 de La Plata pruebas incriminatorias contra Parodi y los directivos de Molinos. “No creemos que sea producto del azar que en la misma época en que la empresa obtuvo considerables ganancias económicas, que registró el más bajo consto laboral y que disminuyó abruptamente el monto designado a afrontar juicios laborales por despidos, se produjeran las ‘negociaciones’ con los trabajadores –activistas políticos sindicales dentro de la empresa- para que los mismos renunciaran o que se consignaran en las declaraciones juradas anuales que los trabajadores habían hecho ‘abandono de trabajo’ cuando la realidad era conteste en demostrar que estaban siendo detenidos ilegalmente” (fiscales.gob.ar, 10/4/2015).

La detención de Emilio Parodi es un paso adelante en la lucha por el esclarecimiento de lo sucedido en Molinos Río de la Plata. Las listas negras confeccionadas por Parodi, a pedido de los Bunge y Born, es la demostración cabal del apoyo patronal al golpe del 24 de marzo de 1976. La alianza propietaria monopólica de la industria alimenticia mantuvo hasta medidados de la década de los ’90 estrechops lazos con los gobiernos militares y civiles; no solo con Videla sino anteriormente en los ’60 tejía acuerdos con Juan Carlos Onganía, gobierno de facto derrocado por una de las rebeliones populares más importantes de la historia argentina, el Cordobazo.

Con el retorno a la democracia, en 1983, Bung y Born selló vínculos con el menemismo. En 1989 el primer ministro de economía de Carlos Menem fue Miguel Ángel Roig, quien a la vez era vicepresidente ejecutivo general de la firma. Tras su muerte, su sucesor, Néstor Rapanelli ocupará la cartera de economía y hacienda, mientras a la par era vicepresidente del grupo empresarial.

Ninguno de los directivos anteriormente nombrados, como tampoco Juan ni Jorge Born, pisaron tribunales para dar explicaciones de las desapariciones en la planta de Avellaneda. Los 40 años de democracia han servido como herramienta de impunidad para las patronales genocidas.

Hoy, mientras peronistas, radicales, macristas y facho-libertarios desarrollan discursos negacionistas o llaman a “dar vuelta la página de la historia” en aras de una “reconciliación nacional”, la lucha incansable de organizaciones de derechos humanos, sociales y de la izquierda independiente del Estado, sigue vigente. La detención de Parodi es resultado de la movilización. Y continúa por la apertura de los libros de la dictadura cívico-militar. Juicio y castigo, cárcel común, a los responsables políticos, empresariales y materiales. No olvidamos, no nos reconciliamos, no perdonamos.

Son 30 mil.

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