Cuando ya llevan tres semanas de huelga de hambre, está claro que los presos de La Tablada no saldrán en libertad como lo viene reclamando la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. La CIDH alega que ello debería ocurrir por las manifiestas irregularidades del juicio que pronunció sus condenas. De acuerdo a Página 12 (18/6), el Congreso no debatirá la libertad de los presos, y la única posibilidad que restaría sería la de una suerte de reconciliación con la verdad que debería ser propiciada por la Iglesia en el marco del Jubileo 2000 que impulsa el Vaticano.

De cualquier modo, lo que se ha pretendido hacer hasta ahora no pasa de una maniobra política, pues excluía de la posibilidad de la libertad a Gorriarán Merlo, Ana María Sivori y Roberto Felliceti. El proyecto del diputado del Frepaso, Torre Molina, no los incluía con el argumento de que habían sido procesados con normas diferentes a las del resto. La propuesta de Torre Molina no toma en cuenta el dictamen de la CIDH y da toda la impresión de estar confeccionado para dejar afuera de sus beneficios a los tres citados. Con este procedimiento se lograría desmontar la presión internacional a favor de la libertad de los presos de La Tablada y satisfacer la presión interna que reclama contra los ‘subversivos’ que atacaron el cuartel. Es decir que se trata de que la medida sea políticamente inocua y no habilite la revisión de los procesos fraudulentos, porque hacerlo demostraría la comisión de graves crímenes de parte de la represión militar y carapintada en aquella ocasión, al igual que la complicidad política del gobierno alfonsinista de ese entonces en conjunto con la cúpula justicialista. Una parte importante de la izquierda argentina, especialmente de la que ‘se une’, que fue cómplice de los militares en oportunidad del asalto al cuartel, está avalando esta discriminación en el tratamiento de la libertad de los detenidos, tal como lo plantean el gobierno de la Alianza y una parte del clero.