Entre los sectores políticos que fueron cómplices de la dictadura militar que tomó el poder en 1976, el radicalismo jugó un papel relevante. No sólo porque aportó 310 intendentes al gobierno genocida sino porque quien era su principal dirigente, Ricardo Balbín, acompañó a los primeros y más sangrientos años de la dictadura hasta su muerte en 1981 y jugó un papel activo en el intento de desalentar la lucha por los desaparecidos que llevaban adelante los familiares, las Madres y de los demás sectores que acompañaban este reclamo.

Ocultar el genocidio

Según surge de los documentos desclasificados que semanas atrás entregó el gobierno norteamericano, según un cable fechado en mayo de 1980, titulado “Balbín le da la espalda a los desaparecidos”, en los últimos años ´70 y principios de los ´80, el líder radical llamaba públicamente a dejar de reclamar “porque los desaparecidos están todos muertos”. Esto en medio de la brutal represión y los secuestros seguidos de tortura y asesinato que aún se computaban por miles en todo el país y cuando había miles de secuestrados en los centros clandestinos de detención.

El documento dice que “en las últimas semanas Ricardo Balbín, abordó públicamente en tres ocasiones la cuestión de los desaparecidos y en todos los casos sostuvo que ´no están desaparecidos, están muertos´”, con “recomendaciones a los familiares, en el sentido que dejasen de buscarlos y comenzaran a aceptar lo que ´todos los argentinos saben, que nunca volverán a casa".

Centenares de intendentes radicales y peronistas

Con aquellos centenares de intendentes el radicalismo aportó el apoyo institucional a la dictadura, que no contaba con personal propio para cubrir esos cargos en todo el país. Cabe recordar que el PJ, que fue desplazado por el golpe, también aportó 169 intendentes al gobierno de los genocidas, en una muestra de la amplitud del apoyo a los milicos por parte de los partidos de la burguesía.

Según surge de los documentos desclasificados, una de las grandes preocupaciones de Balbín en los años previos a su muerte, consistía en tratar de tranquilizar a los militares de que no debían temer por un nuevo Nüremberg (por los juicios a los nazis al finalizar la Segunda Guerra Mundial), de un eventual futuro gobierno radical.

La crisis pos Malvinas, la resistencia creciente de los trabajadores y los demás sectores populares, que colocaron a la dictadura en rápida retirada, hizo explotar este plan que compartían todos los sectores políticos de la burguesía. Pero le tocó a quien fue su sucesor, Raúl Alfonsín, en este nuevo cuadro político, armar el camino de la impunidad por la vía de montar el escenario del juicio a las Juntas, que dejó en libertad a la masa de militares asesinos, políticos, empresarios y miembros de la Iglesia que participaron o apoyaron a la dictadura. Le seguirían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y más tarde, bajo el gobierno de Menem, los indultos intentarían consagrar definitivamente la impunidad de los genocidas.

Si hoy hay genocidas juzgados y condenados fue por la tenaz lucha de familiares, sobrevivientes y organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles que levantaron el reclamo de justicia y enfrentaron las maniobras de todos los gobiernos. Esos juicios se realizan a cuenta gotas y abarcan a una cantidad limitada de genocidas, cuando muchos de los actores ya han muerto o no han sido jamás llevados a juicio, y nunca entregaron los documentos que tienen en su poder las fuerzas de seguridad. Despegados de los apoyos civiles y políticos que recibió la dictadura, la burguesía intenta imponer la idea de que el genocidio, en realidad, se trató de “excesos” de un sector de los militares.

Sigue presente el reclamo: juicio y castigo ya a todos los genocidas y a los cómplices políticos, empresarios y eclesiásticos.