Después de algo más de 40 años, el gobierno norteamericano entregó seis CD con 43 mil páginas de documentos desclasificados por el Departamento de Estado referidos a la dictadura militar argentina. En total, junto con archivos entregados anteriormente, hay allí 50 mil páginas en completo desorden que podrían servir de pruebas para juicios pendientes, aunque con inexcusable demora: la mayoría de los represores son ya un grupo de gerontes que ha pasado casi toda su vida en libertad.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano dijo haber recibido esa documentación “casi sin tachaduras”. De modo que, en buen criollo, no son todos y hay tachaduras. De todos modos, lo que sí hay resulta revelador respecto de la complicidad directa del gobierno de los Estados Unidos con la dictadura argentina. 

Los papeles desclasificados se refieren con todo detalle a torturas, crímenes de todo tipo y otras acciones específicas, más nombres de personal involucrado. Los informes en manos de los organismos de derechos humanos, dicen esos “paper”, eran “correctos en cuanto a la ubicación de los centros” y a la “identificación de las personas involucradas”. Dicho de otra manera: si el Departamento de Estado conocía que esos datos eran “correctos”, al igual que la identificación de los criminales involucrados, es porque el propio Departamento de Estado los conocía de antes. Una aplicación estricta de la Doctrina de Seguridad Nacional, pergeñada durante el gobierno de John F. Kennedy y que equiparaba la rebelión interior con un ataque exterior.

Los documentos en cuestión confirman que la CIA y el FBI tenían conocimiento en tiempo real de la marcha de la represión criminal que se estaba desarrollando. Entre otros, los archivos revelan hasta el detalle el funcionamiento del Plan Cóndor, sus reglas internas y hasta el monto de los viáticos. Incluyen numerosos detalles sobre la masacre de Fátima, los asesinatos de los dirigentes montoneros Marcos Osatinsky, Roberto Quieto, Norberto Habegger y Raúl Yaeger, la “Noche de las Corbatas” y el secuestro del editor del diario La Opinión, Jacobo Timerman. Los cables muestran el profundo conocimiento de las agencia del imperialismo sobre las internas del gobierno militar y de las conspiraciones palaciegas que surcaban a las fuerzas armadas.

“Es escalofriante el nivel de información casi en vivo que tenían la CIA e incluso el FBI”, le dijo Carlos Osorio, director del área del National Security Archive que recopiló los cables. “Hay una lógica y es que los agentes de inteligencia son los que recaban información y que son los policy makers, o los diplomáticos, los que hacen política, los que definen qué hacen con esa información. Allí es donde el dedo apunta a los embajadores, a la gente del National Security Council de la época, apunta también al secretario de Estado Henry Kissinger. Los documentos que han salido ahora te dan una idea de la cantidad de información a la que tenían acceso los policy makers como Kissinger. La información no faltaba, la decisión de lo que se hizo o no se hizo es lo que hoy en día podemos cuestionar”. 

Lo cierto es que los yanquis dieron luz verde al genocidio. En mayo de 1976, cuando las denuncias sobre la masacre que se estaba perpetrando comenzaron a tomar vuelo, el entonces secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger se reunió con el canciller de la dictadura, César Guzzetti y le dio una indicación temeraria: “lo que tenga que hacer, hágalo rápido”. La compilación de la información acumulada por las agencias de inteligencia del imperialismo sería utilizada luego para presionar a la dictadura cuando esta comenzó a venderle granos a la Unión Soviética, sorteando el bloqueo impuesto por los yanquis. 

Donald Trump, en su carta a Mauricio Macri al hacerle llegar las cajas, le dice que con ellas espera que los argentinos puedan “sanar sus heridas”. Curioso, cuando los esfuerzos del presidente argentino y de varios de sus funcionarios apuntan precisamente a defender a la dictadura, en principio mediante la negación del número de víctimas del terrorismo de Estado y Patricia Bullrich hace continuamente la apología de la “mano dura”.

Trump manifiesta su esperanza de que los documentos sirvan para que “los argentinos” no vuelvan a “cometer errores”. Por esa vía, el descompuesto que ocupa la Casa Blanca vuelve a hablar, al igual que los militares y la derecha argentina (Raúl Alfonsín incluido) de que el genocidio habría sido responsabilidad de todos “los argentinos” y los crímenes de los militares no pasarían de “errores y excesos”.