Un policía federal mató a un pibe de 20 años que intentó robarle la motocicleta en la que el oficial se desplazaba por las inmediaciones de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El agente federal, que estaba de civil, se identificó como efectivo policial y disparó, sin mediar ningún tipo de protocolo, y ahora se encuentra se encuentra en su domicilio con asistencia psicológica. Horas después del incidente, familiares del joven fallecido se presentaron en la zona y realizaron una protesta quemando neumáticos para exigir justicia.

Este caso precede a otro similar, esta vez en la Ciudad. Un policía de la Ciudad mató a un pibe de 16 años e hirió a otro cuando los sorprendió intentando robarle a un delivery en Parque Avellaneda. El oficial recibió un fuerte respaldo del ministro se Seguridad porteño, Waldo Wolff.

Estos casos retratan la vigencia de la llamada doctrina Chocobar, por la defensa de aquel agente la policía bonaerense que asesinó por la espalda a un joven de 18 años y fue respaldado políticamente por Patricia Bullrich, quien entonces también era ministra de Seguridad, en el gobierno de Macri. Esta intervención oficial en busca de garantizar la impunidad en los casos de gatillo fácil incluye un reglamento que da carta blanca en el uso de armas de fuego de las fuerzas federales ampliando las situaciones incluso en casos de detención de personas desarmadas o de fuga. Fue la gestión en la que las fuerzas federales terminaron con la vida de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado en represiones a los pueblos originarios.

Como se ve, esto constituye un reforzamiento represivo para el cual el gobierno utiliza el miedo y la preocupación de la población por la inseguridad, la cual continúa creciendo al ritmo de la descomposición social. Sin embargo, la medida no tiene nada que ver con combatir la inseguridad, puesto que estamos hablando de las mismas fuerzas que son socias del narcotráfico y el crimen organizado que opera en los barrios.

En tanto, proliferan las brutales represiones por parte de las fuerzas federales contra jubilados, asambleístas, piqueteros, artistas y trabajadores en general. No es casual que, a medida que se incrementa la presión de la caldera social, al ritmo del empobrecimiento de la población, el gobierno refuerce el carácter represivo otorgándole mayores libertades y armamento a las fuerzas federales.

La última expresión de esto fue el crimen del bagayero en Orán. La Gendarmería atacó con armas de fuego a trabajadores que pasan hojas de coca y cigarrillos por la frontera de Salta con Bolivia, intentando presentarlos como “grandes narcos”, liquidando la vida de uno de ellos. Asesinan a un trabajador informal, cuando en Salta el narcotráfico opera con la complicidad del poder político, la policía y el Poder Judicial: tres jueces acaban de ser destituidos, lo mismo que el intendente de Aguas Blancas, en casos por narcotráfico; camionetas policiales, patrulleros y ambulancias son el instrumento de enormes traslados de cocaína; en el juicio por el asesinato de Darío Monges aparecen vínculos de los narcos con funcionarios del actual gobierno, y la lista podría seguir.

Al gobierno no le interesa terminar con el crimen organizado, al contrario, les provee beneficios como el blanqueo de capitales. Su único objetivo es avanzar contra la población trabajadora que intenta sobrevivir a la masacre social que las políticas oficiales imponen sobre la población.

En el caso del gobierno de la Ciudad, estamos hablando del mismo gobierno que promueve la Ley de Reiterancia para encarcelar y a quienes protestan y que habilitó las pistolas Taser para las fuerzas represivas, un elemento prohibido en muchos países por ser utilizado con fines de tortura. En este caso, el reforzamiento represivo es utilizado para levantar a los feriantes que solo buscan ganarse un mango en medio de una situación social desesperante, como en Parque Patricios, en la calle Avellaneda en el barrio de Flores o en la Villa 31, donde ahora hay una garita policial pero el delito organizado sigue funcionando bajo el amparo de las fuerzas represivas y la Justicia.

El reforzamiento represivo tiene como único norte amedrentar a los trabajadores y “mejorar” la capacidad represiva de estas fuerzas. Esto no mejorará la seguridad en la Ciudad. Mientras no se avance contra quienes se benefician con los robos y el narco, financiando las cajas negras de las comisarías o lavando la plata en los bancos y con la especulación inmobiliaria, la situación se seguirá agravando con la crisis social, y en el medio continuará llevándose la vida de nuestros pibes.

Una solicitada con cientos de firmas contra la persecución al Polo Obrero y el movimiento piquetero

Entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Elia Espen, miembros y dirigentes de organizaciones de derechos humanos, sindicales, intelectuales, artistas, diputados nacionales, legisladores, organizaciones piqueteras, estudiantiles, etc. –

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