El 1° de septiembre de 2017 una masiva movilización exigió en Plaza de Mayo la aparición de Santiago Maldonado, de quien no se sabía nada hacía un mes, luego de que había participado de un corte de la ruta 40 que había sido brutalmente desalojado por Gendarmería nacional. La marcha había sido multitudinaria. Cuando esa movilización desconcentraba, un operativo policial embistió contra quienes se retiraban finalmente de la plaza.

En diciembre, el procesamiento de esos 31 detenidos fue revocado por la Cámara Federal, pero el fiscal Germán Moldes presentó un recurso judicial y la causa fue reabierta en Casación. Como consecuencia, dos manifestantes quedaron finalmente procesados. El diario Página 12 informa que los acusan de infundir temor público, suscitar tumultos y generar desórdenes e incitaron a la violencia colectiva e impedir que la policía realice sus tareas; que en el expediente incorporaron fotos de otras movilizaciones y el fiscal que los acusa dice –para referirse a los manifestantes- cosas como: “Iracundo tropel” “canallas y facinerosos, bestias, horda vandálica” “con altas dosis de ‘travestismo’, a quienes tocó esa vez asistir disfrazados de fotógrafos (…) tal vez, en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro” –esto último en alusión a los tres trabajadores de prensa detenidos, que habían sido sobreseídos, aunque ese sobreseimiento fue revocado y hoy se desconoce su situación procesal.

Se pretende con las acusaciones justificar un operativo represivo inmenso, con decenas de detenidos, persecuciones de policías de civil, etc., que no tuvo más objetivo que amedrentar las movilizaciones por Santiago Maldonado. Aquella manifestación, recordemos, fue gigantesca, colmando Plaza de Mayo. Desde temprano el gobierno y los medios oficialistas habían advertido de que “podría haber violencia”. El objetivo era amedrentar la convocatoria y que el reclamo se diluyera. Ese objetivo tuvo esa brutal represión con gases, hidrantes y 31 detenciones, algunas de ellas trabajadores y trabajadoras de prensa que estaban cubriendo la movilización, otras que se encontraban en bares de la zona y manifestantes que se retiraban del lugar. Esas detenciones fueron acompañadas de un operativo mediático que durante días tituló notas sobre las pintadas y grafitis que se habían hecho en las inmediaciones de la plaza reclamando por Maldonado, en lugar de difundir información sobre la investigación, la causa o la propia movilización.

Se trata de un procesamiento que no tiene otra motivación que perseguir y criminalizar el reclamo popular. Especialmente en la causa de Santiago Maldonado que el gobierno ha asumido como determinante y en la que impulsa una campaña de impunidad para las fuerzas represivas y responsabilización de las víctimas.