Libertades democráticas
1/6/2026
El Canal de San Fernando fue señalizado como Sitio de Memoria a 50 años de los crímenes de la dictadura
Una conquista de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia frente al negacionismo y la impunidad.
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El pasado sábado 30 de mayo se realizó la señalización del Canal de San Fernando como Sitio de Memoria, en el lugar donde la dictadura militar intentó ocultar algunos de sus crímenes más aberrantes. La actividad, impulsada por la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte junto a organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas, reunió a decenas de personas en la intersección de avenida Libertador y Colón, en el límite entre San Fernando y Tigre.
La señalización recuerda uno de los episodios más estremecedores del terrorismo de Estado. El 13 de octubre de 1976 fueron hallados bajo el puente ferroviario del Canal de San Fernando ocho tambores metálicos rellenos de cemento que contenían los cuerpos de detenidos-desaparecidos asesinados por la dictadura. Los restos habían sido arrojados allí en un intento de hacer desaparecer toda evidencia de los crímenes cometidos por el aparato represivo.
Tras el hallazgo, la Justicia ordenó trasladar los cuerpos al cementerio municipal de San Fernando, donde fueron enterrados como NN. Recién años más tarde, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), comenzó el proceso de identificación de las víctimas. En 1989 pudieron identificarse varios de los cuerpos y posteriormente nuevos hallazgos permitieron reconstruir parte de la historia de quienes habían sido secuestrados, torturados y asesinados por la dictadura.
Las investigaciones permitieron establecer que las víctimas habían permanecido secuestradas en Automotores Orletti, uno de los principales centros clandestinos de detención de la dictadura genocida, desde donde operaban las fuerzas represivas. Por ese centro clandestino pasaron cientos de obreros, estudiantes y activistas.
Entre las víctimas identificadas se encuentran: Ricardo Gayá, de 25 años, era integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y se desempeñaba como oficial ayudante en la División Gremiales de la Superintendencia de Seguridad Federal. Su compañera, Ana María del Carmen Pérez, oriunda de Tucumán, también militaba en el PRT y trabajaba en la empresa Alpargatas. Al momento de su secuestro se encontraba embarazada de nueve meses y esperaba el nacimiento de su hijo para fines de septiembre de 1976. Ambos fueron secuestrados, trasladados a Automotores Orletti y posteriormente asesinados.
Gustavo Gayá, hermano mellizo de Ricardo, también era militante del PRT. Tenía 26 años, estaba en pareja con Estela María Moya y era padre de Ernesto, un niño de apenas quince meses cuando se produjo el operativo represivo. El 14 de septiembre de 1976 un grupo de tareas rodeó el departamento donde vivían, desplegando un operativo con efectivos armados, corte de luz y hasta apoyo aéreo. Durante el ataque fue asesinada Estela Moya, mientras Gustavo resultó herido y fue secuestrado junto a Ana María Pérez. Ambos fueron llevados a Orletti, donde permanecieron cautivos hasta su asesinato.
Entre los cuerpos hallados también se encontraba Marcelo Ariel Gelman, militante de Montoneros, hijo del poeta Juan Gelman. Había sido secuestrado junto a su compañera María Claudia García Iruretagoyena, quien se encontraba embarazada. Ambos permanecieron cautivos en el circuito represivo. Marcelo fue asesinado y arrojado al Canal de San Fernando, mientras que María Claudia fue trasladada ilegalmente a Uruguay, donde dio a luz a Macarena Gelman, una de las nietas restituidas por Abuelas de Plaza de Mayo.
La nómina de víctimas identificadas incluye además a Dardo Zelarayán, Mercedes Rosa Verón, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Ricardo Manuel González, María Rosa Clementi, Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández.
Durante la jornada también fueron colocadas baldosas con los nombres de los compañeros y compañeras identificados, como parte de una pelea sostenida durante décadas por familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos para arrancar verdad y justicia frente a la impunidad que intentó imponer el régimen genocida.
La señalización del Canal de San Fernando adquiere una relevancia especial en el contexto actual, atravesado por los discursos negacionistas que buscan relativizar o justificar los crímenes de la última dictadura. Frente a los intentos de borrar la historia y reinstalar la teoría de los dos demonios, cada Sitio de Memoria constituye una herramienta para transmitir a las nuevas generaciones lo que significó el terrorismo de Estado y para mantener viva la lucha por los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos.
A cincuenta años de aquellos crímenes, el Canal de San Fernando deja de ser solamente el escenario de un intento de ocultamiento y pasa a convertirse en una marca permanente de memoria, denuncia y lucha contra la impunidad.
