El martes 19 comenzaron los alegatos, postergados por la ausencia -en la audiencia anterior- de uno de los imputados, el comisario Hugo Lompizano.

El primer turno fue para el Cels, que representa jurídicamente a la familia de Mariano. El alegato duró diez horas -y ofreció un despliegue abrumador de pruebas contra los 17 imputados. Para Pedraza, Fernández y otros doce acusados solicitó la pena de prisión perpetua, en calidad de coautores del homicidio agravado de nuestro compañero. En el caso de Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño -dos de los patoteros detenidos-, una condena a cuatro años por encubridores, y en el de David Villalba -el camarógrafo policial que dejó de filmar en el momento preciso del ataque-, la pena máxima por ‘omisión de deberes', de apenas un año de prisión en suspenso. También pidió que se investigue a otros cinco patoteros de la Unión Ferroviaria por su participación o encubrimiento en el crimen de Mariano, y a otros diez dirigentes y delegados de la UF y policías por la comisión de falso testimonio durante el juicio oral. A pesar de realizar algunas denuncias puntuales, no solicitaron medidas de investigación sobre funcionarios políticos ni sobre los empresarios de la Ugofe.

Los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino alegaron la existencia de un ‘plan criminal' urdido por Pedraza y Fernández para proteger su participación en el negocio de la tercerización y su hegemonía política en el gremio, y definieron la agresión de la patota como "una cacería humana". Acusaron a los policías de haber liberado la zona y facilitado la fuga de los agresores. La existencia de una complicidad policial con el ataque "no requería, dijeron, de acuerdo previo" con los agresores. Evitaron avanzar, de este modo, sobre la línea de responsabilidades que conduciría a la cúpula de la policía y a Aníbal Fernández, encubridor consuetudinario del accionar policial y de los vaciadores ferroviarios. Al momento del crimen de Mariano, Aníbal Fernández se hallaba políticamente a cargo de la Federal.

La exposición de Medina y Bovino tuvo momentos brillantes, especialmente en su tratamiento de los videos, ‘escuchas' y cruces telefónicos acumulados en la causa. Por caso, revelaron las gestiones personales de Pedraza para poner en contacto a un "prestigioso estudio jurídico" con Cristian Favale, apenas producida su detención. Se trataría -algo muy comentado en ese momento- del estudio encabezado por el ex Procurador General de la Nación, Esteban Righi.

El alegato del Cels tuvo características monumentales en cuanto a la descripción de los hechos, pero no tuvo esa altura para las derivaciones políticas y económicas. El entrelazamiento de intereses existente entre Estado, gobierno, burocracia sindical y empresarios estuvo marcadamente ausente. Esos límites habían sido definidos a priori por Horacio Verbitsky, tanto en diversas editoriales de Página/12 como en la conferencia de prensa que brindó en la sede del Cels poco antes del inicio del juicio. Para Verbitsky, Pedraza es "una rémora de los '90"; la muerte de Mariano hay que atribuirla a Menem, no a la tercerización K. Cinco días antes de la emboscada criminal, CFK había tratado de reconciliar ‘rémoras' aún más antiguas -la Juventud Sindical y la JP- en la cancha de River, rodeada de gorritos pedracistas de la Unión Ferroviaria. El kirchnerismo tejió una alianza estratégica con Pedraza, Maturano (La Fraternidad) y los empresarios Cirigliano, Roggio y Romero para la administración de los ferrocarriles, que derivó en un vaciamiento ferroviario escandaloso, en el crimen de Mariano y en la masacre de Once.

Veremos lo que dice la fiscal. En su edición del miércoles 12, el oficialista Tiempo Argentino informó que en el equipo de la fiscalía, designado por la Procuradora, Gils Carbó, no existía certeza de que reclamara la perpetua.

En la misma audiencia, el tribunal resolvió excarcelar al comisario Lompizano e imponerle una caución institucional.

El viernes 22 será el turno del alegato de nuestra querella, representada por Claudia Ferrero (Apel) y María del Carmen Verdú (Correpi).